Madrid, 6 de septiembre de 2022
Al cumplirse un año de la resolución del Parlamento Europeo sobre la represión gubernamental contra las protestas en Cuba, las autoridades cubanas han recrudecido la violencia contra los ciudadanos, ante el deterioro de la situación socioeconómica del país.
Las protestas espontáneas en varias localidades de la isla por los largos apagones y la carestía de alimentos y medicinas han sido reprimidas con intensidad este verano. Se destaca el caso de la ciudad de Nuevitas, provincia de Camagüey. También en Artemisa, donde un grupo de personas fueron reprimidas por policías y tropas especiales, para frustrar su intento de salida del país por mar.
En agosto, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ha registrado al menos 327 acciones represivas, de las cuales 90 han sido algún tipo de detención, y 237, otros abusos. No fueron las únicas, dado que se desconoce el número exacto de ciudadanos represaliados durante las protestas espontáneas en varias ciudades y pueblos del país; si se juzga por las imágenes que han trascendido, podría hablarse de más de un centenar de personas represaliadas.
Entre los abusos aparecen sitios de viviendas, hostigamientos, citaciones policiales, amenazas, multas, agresiones físicas, impedimentos de viajes al extranjero y exilios forzados. Además, cinco periodistas independientes se vieron obligados a renunciar a su actividad profesional por las presiones y amenazas de la policía política.
“Hacemos un llamado al Parlamento Europeo a que convoque un debate sobre el agravamiento de la situación represiva en Cuba, con el fin de analizar la tensa situación política del país. Al ya notable panorama contra activistas de derechos humanos y periodistas, se suma la utilización de la fuerza bruta contra ciudadanos que protestan por la falta de luz o alimentos. El régimen cubano carece de respuestas para todos estos escenarios, y su única propuesta es arremeter contra la población civil”, dijo el OCDH.
