Madrid, 19 de mayo de 2026
“Es inadmisible iniciar una nueva república con jueces que hayan participado en la represión”, afirmó Yaxys Cires, director de Estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), durante el coloquio “La reconquista de la independencia judicial en Cuba”, celebrado en Madrid.
El espacio de análisis y propuesta estuvo dedicado a examinar uno de los déficits estructurales más graves del sistema cubano: la ausencia de una justicia independiente como garantía efectiva de derechos para los ciudadanos.
Cires, abogado de profesión, propuso “una revisión y auditoría profunda del poder judicial, de arriba abajo, con sustitución de personal donde corresponda y selección de jueces que no hayan estado implicados en causas políticas ni en violaciones de derechos”.
“Se impone el rescate o la resurrección de Montesquieu. Es importante que en la Cuba que vamos a construir haya independencia de poderes: el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Queremos jueces que estén formados en valores, en los principios deontológicos, que crean en una axiología. No puede haber derecho sin justicia”, explicó.
También propuso pensar en “fórmulas” para cubrir vacíos de personal acorde a la nueva etapa. “Se podrían conservar jueces y funcionarios que no han estado involucrados en la represión, por ejemplo, quienes han trabajado en lo civil, familiar o laboral” y “convocar a juristas cubanos graduados, residentes en el extranjero, y que cuenten con experiencia y formación especializada”, puntualizó.
Tribunales subordinados al poder político
Durante el encuentro se presentó el informe “La ausencia de independencia judicial en Cuba: Elementos formales y prácticos”, elaborado por Maylín Fernández Suris, graduada de Derecho y exjueza, que concluye que este problema en la isla no responde a fallas aisladas ni a desviaciones puntuales, sino a un diseño institucional que subordina los tribunales al poder político.
El documento advierte que la carrera judicial en Cuba no depende de criterios estrictamente profesionales, sino de mecanismos de selección, promoción y remoción atravesados por requisitos de fidelidad ideológica. En ese contexto, normas como el Decreto-Ley 13 de 2020 permiten verificaciones secretas y vinculantes por parte de órganos de la Seguridad del Estado sobre aspirantes a cargos públicos, sin posibilidad de recurso.
En el plano práctico, el informe recoge testimonios que describen la coordinación entre la Seguridad del Estado, la Fiscalía, los tribunales y estructuras políticas para orientar decisiones en casos sensibles. Entre los patrones señalados figuran instrucciones sobre cómo resolver determinados procesos, obstáculos al derecho de defensa, uso abusivo de la prisión provisional, imposición de penas severas en causas políticas y represalias contra abogados y jueces.
En el evento, dos ex juezas cubanas prestaron testimonio sobre cómo recibían “indicaciones directas del Presidente del Tribunal Supremo, que respondían a los intereses del Partido Comunista de Cuba y del Ministerio del Interior”.
Los jueces estábamos obligados a rendir informes de la decisión que se tomaba y se nos indicaba incluso cómo proceder en estos casos”, dijo una, y denunció que “la carrera judicial en Cuba no depende de la profesionalidad con la que actúe el juez, sino que depende únicamente del interés que pueda representar para cumplir las expectativas del Partido Comunista”.
Se denunció igualmente que los jueces son sometidos diariamente a un control por parte de la Seguridad del Estado “sobre su actuación en su vida personal y también dentro del propio sistema”.
La independencia judicial, condición indispensable en una transición democrática
El coloquio puso sobre la mesa que la reconstrucción de la independencia judicial será una condición indispensable en cualquier proceso de transición democrática en Cuba, porque sin jueces capaces de controlar al poder no existe protección real de los derechos humanos. En ese sentido, la presentación del informe buscó no solo documentar violaciones, sino también abrir una discusión sobre las bases institucionales que deberán ser transformadas para garantizar verdad, justicia y seguridad jurídica en el futuro.
“La transición deberá evitar dos riesgos: el colapso del sistema judicial y la judicialización innecesaria de todos los problemas de la transición. No todo conflicto tendrá que llegar a los tribunales, porque algunos procesos podrán canalizarse mediante normas generales, mecanismos administrativos o soluciones institucionales que reduzcan la sobrecarga y faciliten una reorganización ordenada”, señaló Yaxys Cires.
En cuanto a los nuevos jueces, Cires propuso que las fuerzas democráticas suscriban un pacto político para la creación de una comisión compuesta por juristas de prestigio y actores de la sociedad civil y derechos humanos que haga “due diligence” de los jueces actuales que deseen continuar —y candidatos a entrar al sistema—, basada en criterios de no participación en la represión, idoneidad, ética y ausencia de vínculos con el crimen organizado.
En el coloquio compartió su experiencia, de manera online, el profesor José F. Chofre Sirvent, Doctor en Derecho, académico del dpto. de Estudios Jurídicos del Estado y Constitucional de la Facultad de Derecho, Universidad de Alicante.
