Madrid, 17 de julio de 2020
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) manifestó su preocupación por el impacto social que tendrá la creciente dolarización de la economía cubana, sin que vaya acompañada de una verdadera liberalización de la iniciativa privada y de políticas públicas dirigidas a sectores vulnerables como los adultos mayores. Los niveles de ingresos y el poder adquisitivo de la mayoría de los cubanos son muy bajos.
De acuerdo con el Informe 2 sobre los Derechos Sociales en Cuba, dado a conocer en junio, el 66% de los hogares cubanos tiene ingresos mensuales menores a 100 dólares, y el 33%, menos de 40. Además, alrededor del 80% de los cubanos tiene una situación de crisis económica severa o moderada en sus familias. Más del 40% de los entrevistados dijo tener problemas para sobrevivir. Este estudio también refleja la crítica situación en la que se encuentran los adultos mayores. Entre las personas mayores de 60 años aumentan los porcentajes de “problemas para comprar lo más esencial para sobrevivir”, llegando al 54% en el tramo de 61-70 años, y al 59% para el de más de 70 años.
«Valoramos de manera positiva la eliminación del gravamen del 10% sobre el dólar, que fue establecido por Fidel Castro. Dicha medida aparecía en el paquete propuesto por el OCDH en abril pasado, para enfrentar la crisis derivada del Covid-19 en Cuba”, afirmó Alejandro González Raga, director ejecutivo del OCDH.
No obstante, el OCDH pidió seguir de cerca la situación en las tiendas en divisas, para vigilar si el gobierno aumenta los precios para camuflar el antiguo gravamen.
Esas tiendas, controladas por los militares, suelen estar más abastecidas a diferencia de las de moneda nacional. A sus productos, incluidos los de primera necesidad, el gobierno impone márgenes de ganancia que rondan el 200%, según diversas fuentes.
«No se puede aprovechar la alta demanda de artículos de primera necesidad para incrementar los precios que, en algunos casos, ya son de usura», afirmó González Raga.
El OCDH también califica de «paso de avance» permitir la importación y exportación por parte del sector no estatal, aunque lamenta que sea por intermedio de las empresas estatales, «lo cual difícilmente garantizará precios de gestión competitivos y procesos eficientes».
«Exhortamos al gobierno a que avance en las reformas profundas e integrales que el país necesita», finalizó el OCDH.
