15 de enero de 2020
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) pidió al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que su política exterior “no se vea influenciada por partidos como Izquierda Unida y Podemos, que históricamente han justificado las violaciones de los derechos humanos en Cuba y han despreciado los valores democráticos universales”.
En una carta enviada al jefe de Gobierno, que preside una coalición entre socialistas y comunistas, el OCDH mostró sus preocupaciones al respecto.
“Estamos profundamente preocupados por la influencia negativa que algunos miembros del nuevo Consejo de Ministros pudieran ejercer en la tradicional defensa de los valores democráticos y los derechos humanos de España en América Latina, especialmente en el caso de Cuba”, dice la carta.
Y añade: “Es absolutamente pública la afinidad y defensa del régimen cubano por parte de ministros del ahora partido gubernamental Unidas Podemos, entre ellos Alberto Garzón, Pablo Iglesias e Irene Montero (…) El régimen cubano, tan elogiado, por ejemplo, por su nuevo ministro Garzón como un ejemplo de desarrollo humano y de otras cosas, cerró 2019 con 120 prisioneros políticos, 3.157 detenciones arbitrarias, y con un sistema político y económico asfixiante. Una realidad que ningún demócrata puede aceptar y mucho menos aplaudir”.
En otra carta dirigida a Arancha González Laya, nueva ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el Observatorio recordó el caso del principal líder de la oposición cubana, José Daniel Ferrer García, que lleva más de cien días preso: “Hasta el momento, el gobierno español ha declinado condenar su detención”.
La misiva a González Laya recoge: “Sería coherente que la política exterior española estableciera iniciativas de promoción de la libertad que faciliten la participación de todos los cubanos en la vida política y económica de su propio país. Es un contrasentido financiar proyectos del gobierno, condonar deudas y otras actividades de cooperación que hoy se llevan a cabo con Cuba, si junto a ello no se exige o vincula a una apertura real e integral a los ciudadanos”.
