Madrid, 30 de enero de 2026
A lo largo de 2025 se produjeron al menos 873 violaciones a la libertad religiosa en Cuba, con picos de represión concentrados entre marzo y junio e intensificados en momentos de crisis social, informó este viernes el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).
El pasado año, el régimen mantuvo una estricta vigilancia sobre las comunidades de fe, a pesar de que la Constitución reconoce formalmente el Estado laico y el derecho a la libertad de culto.
“Las comunidades especialmente vigiladas fueron aquellas que, desde una ética religiosa, asumieron posturas críticas frente a la crisis nacional o que se movilizaron para ayudar a la gente pero por vías independientes al régimen. Las acciones represivas afectaron a iglesias y movimientos espirituales independientes, líderes religiosos, sacerdotes, laicos, presos políticos y familiares, ratificando que, según la visión estatal, el ejercicio de la libertad religiosa sigue subordinada a los intereses del poder político”, detalla la denuncia del OCDH sobre libertad religiosa en Cuba.
En junio, los obispos católicos cubanos hicieron público «Peregrinos de Esperanza», su mensaje por el Año Jubilar, un documento en el que expresaban su preocupación por la situación del país, la falta de bienes primarios, los prolongados apagones y la fragmentación de las familias por la emigración creciente. Además, pidieron “crear un clima” para “llevar adelante los cambios estructurales, sociales, económicos y políticos que Cuba necesita”.
La reacción del régimen fue inmediata, trasladando su enfado a las autoridades religiosas y posteriormente negando la entrada a Cuba de varios expertos internacionales invitados por una entidad religiosa católica a un evento académico.
En diciembre, el sacerdote mexicano José Ramírez, miembro de la Congregación de la Misión, fue expulsado del país cuando las autoridades cubanas se negaron a renovar su residencia temporal tras haber tocado las campanas de la iglesia de La Milagrosa, en La Habana, como gesto de apoyo a los vecinos del barrio Santos Suárez que protestaban por los apagones.
Fuentes internas de la Iglesia Católica señalaron a la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista, dirigida por Caridad Diego, como responsable directa de la medida, ejecutada bajo presión de la Seguridad del Estado y que obligó al religioso a abandonar el país en cuestión de horas.
Durante 2025 se documentaron diversas acciones represivas por parte de la Seguridad del Estado cubana contra Dagoberto Valdés Hernández, director del Centro de Estudios Convivencia (CEC), y Yoandy Izquierdo Toledo, miembro de dicha organización, en la provincia de Pinar del Río.
Ambos recibieron varias citaciones para interrogatorios y vivieron episodios de hostigamientos por intentar asistir a actividades de carácter diplomático. Además fueron amenazados y obligados a permanecer en sus casas en fechas consideradas “sensibles”, se les prohibió viajar a la capital del país. Valdés fue citado e interrogado por la Seguridad del Estado tras su regreso de un viaje académico al exterior, donde había recibido un reconocimiento universitario, lo que evidenció un seguimiento y represalia vinculados a su proyección internacional.
En agosto de 2025, el pastor exiliado Alain Toledano Valiente denunció que su esposa Marilin Alayo (residente en Cuba) había sido citada nuevamente, en el marco de una persecución prolongada desde hace un tiempo contra su familia. La citación, emitida sin explicar motivo alguno, se suma a años de vigilancia, amenazas y represalias, incluyendo la imposibilidad del pastor de acompañar a su hija durante su enfermedad terminal.
Igualmente, se documentaron negaciones arbitrarias de asistencia religiosa a presos políticos, entre ellos Oscar Sánchez Madan, coordinador del FANTU, y Roberto Pérez Fonseca y Angel Jesús Veliz Marcando, ambos presos del 11J.
En ambos casos, las autoridades penitenciarias actuaron por órdenes directas de la Seguridad del Estado, impidiendo encuentros con líderes religiosos, confiscando objetos de fe como biblias o rosarios y castigando cualquier práctica espiritual considerada inconveniente. Acciones que constituyen una violación directa de la libertad religiosa y de los estándares mínimos de trato digno a personas privadas de libertad.
Durante julio y agosto de 2025 se registró un agravamiento de la situación represiva contra altos representantes de la Gran Logia de Cuba, en un contexto de conflictos internos dentro de la masonería cubana y de creciente intervención de la Seguridad del Estado.
Se documentó un incremento del hostigamiento contra los principales líderes masónicos críticos, incluyendo la apertura de procesos investigativos con medidas cautelares contra Juan Alberto Kessel Linares y José Ramón Viñas Alonso, Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 33 en Cuba. En su conjunto, estos hechos evidencian un patrón de citaciones, detenciones arbitrarias y hostigamiento que vulnera la libertad de asociación y la autonomía de las organizaciones fraternales y religiosas, y refleja un escenario de presión sistemática contra la dirigencia de la masonería cubana.
