Madrid, 27 de marzo de 2024
En Cuba se produjeron en 2023 al menos 936 actuaciones contra el ejercicio de las libertades religiosas, denunció este miércoles el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), justo cuando el régimen ha prohibido la realización de procesiones de Semana Santa en algunas localidades del país como El Vedado (Ciudad Habana) o Bayamo, donde ocurrió una de las más sonadas protestas el 17 de marzo pasado.
Los datos recopilados por el OCDH muestran las violaciones contra personas públicamente identificadas como religiosas, así como contra otras que de manera asidua o esporádica asisten a cultos religiosos como una expresión de fe o de compromiso cívico.
El OCDH documentó cuatro citaciones e interrogatorios en dependencias oficiales contra miembros del Centro de Estudios Convivencia como Yoandy Izquierdo Toledo y Dagoberto Valdés Hernández, director de este think tank de inspiración cristiana que promueve el pensamiento y propuestas para el futuro de Cuba en diferentes sectores y temáticas.
Durante el año pasado, varios familiares de presos políticos denunciaron la negación de asistencia religiosa, como fue el caso de Roberto Pérez Fonseca y los hermanos Nadir y Jorge Martín Perdomo.
También se recoge el ensañamiento contra el sacerdote yoruba Loreto Hernández García, preso político del 11J, quien no recibe en prisión la adecuada atención médica ni alimentación acorde con sus padecimientos. El 12 de junio de 2023, el religioso fue ingresado en el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Universitario Arnaldo Milián Castro de Santa Clara debido a su delicado estado de salud.
En marzo de 2023, la señora Ailex Marcano, madre del preso político del 11J Ángel Jesús Véliz Marcano, fue detenida arbitrariamente durante siete horas por la policía política en Camagüey, para impedir su asistencia a la misa oficiada en la catedral por el cardenal Beniamino Stella.
Igualmente, el sacerdote cubano Jorge Luis Pérez Soto denunció en sus redes sociales que aunque estaba incluido por la Iglesia en la lista de invitados al encuentro con el cardenal Stella en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, fue excluido por “otras personas” a último momento, impidiendo su asistencia.
En diciembre, la policía política de Santiago de Cuba citó para un interrogatorio al obispo evangélico Jorge Luis Pérez Vásquez, líder del Ministerio Rehobot en el país. Pérez Vásquez realiza una labor social y caritativa muy importante en su localidad.
Como ocurre a nivel general en Cuba, las acciones represivas más frecuentes en este ámbito fueron las detenciones arbitrarias y el sitio de domicilios familiares para impedir la asistencia a misas dominicales; en especial contra integrantes de las Damas de Blanco, quienes fueron víctimas de varios centenares de actuaciones antirreligiosas, comúnmente contra la libertad de culto.
En enero de 2023 la Seguridad del Estado de San José de Las Lajas, en Mayabeque, prohibió a madres de manifestantes del 11J encarcelados asistir a la iglesia a rezar por la libertad de sus seres queridos. Layda Jacinto Abad, madre de Aníbal Palau Jacinto, Marta Perdomo, madre de los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo, y Liset Fonseca, madre de Roberto Pérez Fonseca, habían anunciado que se proponían hacer, cada semana, una caminata dominical hasta la iglesia católica de la localidad para reclamar la libertad de sus hijos.
La oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista, un látigo contra grupos religiosos
El Segundo Estudio sobre Libertad Religiosa del OCDH, publicado 22 de junio de 2023, recoge que el 68% de los cubanos consultados conocía a alguien que profesa una religión y ha sido acosado, reprimido, amenazado u obstaculizado en su vida diaria por motivos relacionados con su fe.
La opinión predominante es que entre los fundamentales motivos por los que un creyente puede sufrir acoso, amenazas o discriminación están “tener una postura política basada en su fe” (59%) y “hablar públicamente sobre su fe” (45%).
El 68% de los creyentes considera que la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista de Cuba viola o reprime sus derechos.
Del estudio se desprendió que el régimen cubano continúa utilizando sus sistemas de vigilancia y control para limitar o perseguir cualquier expresión pública, especialmente política, de quienes asumen un compromiso cívico acorde con los valores de su fe. Igualmente, limita la acción e influencia social de las entidades o congregaciones religiosas, ante todo de aquellas que reclaman mayor presencia en el espacio público y en las comunidades.
