Como de costumbre Yoandra salió un día a casa de su mamá al municipio Viñales y cuando regreso se encontró que había sido desalojada y le habían robado sus pertenencias en un local propiedad de salud pública que había ocupado desde el año 2008, obligada por la necesidad de un hogar para sus tres hijos menores de edad.
Yoandra Mesa Hernández, C.I: 76112200691, de 41 años, había perdido su casa el año 2002 tras el paso de los huracanes Lili e Isidores, motivos por los que el gobierno municipal la reubicó en compañía de sus hijos y ex esposo en una facilidad temporal que se construye para 6 meses habitable en el km 4 ½ de la carretera a Luis Lazo, en la que permaneció por 6 años hasta que su ex conyugue la vendió dejándola en la calle sin hogar, ante esto, el avecinamiento de los próximos huracanes del 2008 y bajo las pésimas condiciones socio económicas que vivía con sus hijos, solicitó ayuda a los funcionarios del Gobierno y el Partido Comunista de Cuba Municipal (PCC) y éstos se la negaron, por lo que se sintió obligada a ocupar de forma ilegal un local desocupado que antiguamente era una casa de un vecino que había abandonado el país a los Estados Unidos por lo que quedó decomisada por el gobierno y entregada a salud Pública.
En este local tenía todas sus pertenencias necesarias del hogar y personales donde permaneció por unos 7 años hasta el día que la Dirección de Salud Pública en coordinación con la dirección de vivienda, la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) , planificación fisica y con la autorización del Gobierno y el PCC, aprovechando la no presencia de esta en el lugar rompieron el candado de la puerta delantera, sacaron todas sus cosas y las de sus hijos dejando el local sellado y cerrado, desalojando el lugar; al regreso Yoandra, inmediatamente visitó a Midalis, delegada de la circunscripción, la que no supo darle respuesta al respecto, acto seguido se personó en la unidad de la PNR y en la misma le dijeron que ellos no tenía que ver con el asunto, al presentarse ante el PCC y el gobierno le explicaron que sus cosas estaban en un almacén de la agrupación 11 de la Vivienda y que ella tendría que buscar un transporte para recogerlas ya que ellos no tenían transporte ni la obligación de transportárselas. A los meses encontró el transporte y el lugar donde poner sus pertenencias, dirigiéndose al director a cargo del almacén, este le refería que él no sabía de tales cosas en su almacén, además el almacenero estaba detenido por el robo de un soplete.
Al no resolver el asunto fue nuevamente al Partido y el Gobierno donde Robertico, presidente del gobierno Municipal, se comprometió en darle respuesta del asunto y devolverle sus pertenencias, siento esto incierto hasta la fecha, teniendo que rehacerse de prendas de vestir y equipos de cocina y vivir en una vivienda de una amiga, la que está en mal estado.
Las desgracias la siguieron acompañando y en mayo del 2017, su hijo Lázaro José Sánchez Mesas, quien padece de asma, trastorno Psiquiátrico con tratamiento médico y con retraso mental, sufrió un accidente en el rio, que le provocó fracturas en la cervical y comprimió la medula, dejándole como secuela un Trauma Raquimedular, quedando parapléjico. Motivos por lo que tiene limitación física y esta postrado, presentando múltiples ulceras de decúbito (escaras).
Su otra hija Anaily Sánchez Mesas de 13 años de edad, vive con su abuela ya que su mamá en la actualidad se encuentran viviendo en infrahumanas y precarias condiciones en una casa prestada, sin condiciones habitables, el piso es de tierra, no tienen baño, la cocina en mal estado, las paredes de madera podrida, la cubierta se moja y para agravar las condiciones higiénicas en el patio de la casa existe un corraletas para caballos y está ubicada a menos de 30 metros del borde de un arroyo (desagüe de aguas albañales y sanitarias) todo esto desprende fetidez y permite la permanencia de moscas y mosquitos. De estar en un lugar poco transitable y distante del hospital pediátrico.
Esta madre sufre desde el 2002 del desamparo gubernamental, el quebrantamiento de sus derechos y sus hijos, ha solicitado ayuda al parlamento, PCC e instituciones estatales municipales y provinciales y las mismas han sido ignoradas y denegadas por sus directivos, indolentes y violadores de los derechos humanos. Hoy más que nunca Yoandra pasa por una crisis económica y social, ya que en su trabajo como cocinera solo devenga un salario de 300.00 pesos equivalentes en 12 cuc. Lo que solo le alcanza para los medicamentos, pago de los alimentos de la canasta básica, electricidad y agua. No siendo así para sufragar los alimentos y necesidades de aseo, vestuario y otros para sus hijos.
Es notable la imparcialidad de las autoridades de la PNR ante el delito de apropiación indebida tipificado en la perdida de las pertenencias de Yoandra, además la violación de los principales derechos de la humanidad y el niño.
