El régimen cubano, que había mantenido una especie de moratoria en la represión contra los comunicadores independientes, ha iniciado una nueva escalada de acoso y represión contra los reporteros que hacen uso de su derecho a recibir y difundir informaciones.
El pasado 20 de junio los periodistas Henry Constantín y Sol García, periodistas de La Hora de Cuba y colaboradores del portal digital 14ymedio, no pudieron participar en un evento en Miami porque sobre ellos pesa una acusación por el presunto delito de “usurpación de la capacidad legal” que según las leyes cubanas les impide viajar fuera del país.
Dos días después fue detenido el periodista Manuel Alejandro León Velázquez, colaborador de Radio Martí y Diario de Cuba tras regresar a la isla de un breve viaje a España, y ha sido acusado del presunto delito de “usurpación de la capacidad legal, asociación para delinquir y difusión de noticias falsas”.
El régimen cubano ha elucubrado para justificar sus incursiones la trampa legal consistente en la imputación del delito de “usurpación de la capacidad legal”, constituyendo esta actuación del gobierno un ilícito penal constitutivo del delito de “denuncia falsa”, delito pluriofensivo, que ataca directamente como bienes jurídicos el buen hacer de la Administración de Justicia y la dignidad de la persona afectada.
El OCDH recuerda que el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos expresa el siguiente tenor: ‘Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión’.
Y señala que es el propio régimen quien ha fomentado desde sus inicios la práctica del delito de “usurpación de la capacidad legal” al promover el designar a personas sin la debida capacidad/formación para cargos a los que han sido designados.
