En febrero se registraron altas cifras de detenciones arbitrarias y violentas, multas, decomiso de bienes, impedimentos de salida del país y citaciones a activistas de la sociedad civil, además de la farsa-juicio contra líder opositor José Daniel Ferrer.
Al menos 148 detenciones arbitrarias se produjeron en Cuba en febrero, en un contexto general de 256 acciones represivas cometidas por el gobierno cubano contra activistas de derechos humanos y de grupos de la sociedad civil.
«Está en marcha una ola represiva para liquidar a la oposición. Febrero ha sido un mes altamente agresivo, con detenciones, amenazas a activistas e impedimentos de salida del país. Entre estos últimos se encuentra Guillermo Fariñas, a quien se le impidió asistir al Parlamento Europeo. Además, varios de los activistas detenidos y acosados recibieron presiones del régimen para que abandonaran el país», denunció el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
La red de observadores en la isla registró detenciones violentas, multas, decomiso de bienes personales y registros de viviendas en todo el país, con cifras preocupantes en las provincias de La Habana, Santiago de Cuba y Villa Clara.
En febrero también se consumó la injusticia contra el líder opositor José Daniel Ferrer, en un juicio sin garantías, sin presencia de ningún otro personal que las autoridades y familiares y en medio de un severo operativo policial en la ciudad de Santiago de Cuba. Ferrer está a la espera de una sentencia que el propio Ministerio de Justicia de Cuba adelantó en redes sociales, antes de empezar la vista, al llamarle «delincuente».
Ferrer estuvo prácticamente todo el periodo de instrucción sin asistencia letrada y sin defensa. Su abogado no tuvo posibilidad de proponer pruebas y dos de los testigos fueron coaccionados por las fuerzas del régimen con condenas de 1 a 8 años si no cooperaban con las pretensiones del gobierno.
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, dijo al respecto que «el derecho de Ferrer a un juicio justo debe ser estrictamente respetado durante el proceso» e indicó que «la información disponible sobre este caso sugiere que Ferrer es enjuiciado por la expresión pacífica de sus puntos de vista».
El OCDH recuerda al gobierno de Miguel Díaz-Canel y Manuel Marrero sus responsabilidades al respecto, así como la petición de la UE de que La Habana revise «con urgencia todos los casos de encarcelamiento relacionados con el ejercicio de los derechos fundamentales, y que libere a todos los involucrados, de acuerdo con los compromisos internacionales de Cuba».
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