Al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.  Preocupación por la seguridad y libertad personal de los jóvenes que se manifestaron el pasado 27 de noviembre frente a la sede del Ministerio de Cultura en La Habana, Cuba

Al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Preocupación por la seguridad y libertad personal de los jóvenes que se manifestaron el pasado 27 de noviembre frente a la sede del Ministerio de Cultura en La Habana, Cuba

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El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, constituida según las leyes españolas, con domicilio social en Madrid, España, teléfono +34 690 36 04 11, email: info@observacuba.org, sitio web: www.observacuba.org; representado por su Director Ejecutivo, Alejandro González Raga, traslada su preocupación al Consejo de Derechos Humanos sobre los siguientes particulares:

El pasado 27 de noviembre, un grupo de jóvenes, en su mayoría artistas e intelectuales, protagonizaron una protesta pacífica frente al Ministerio de Cultura de Cuba, en reclamo por la irrupción violenta de la policía en la sede del ¨Movimiento San Isidro¨, donde se produjo el allanamiento de la morada y detención arbitraria de quienes allí se encontraban. Al día siguiente, la mayoría de los integrantes habían sido liberados y recluidos sin amparo legal en sus domicilios, con excepción de Luis Manuel Otero Alcántara y Anamely Ramos, en paradero desconocido en aquel momento.

Tras 12 horas de protesta frente a la sede del Ministerio de Cultura, y ya siendo un grupo de más de doscientos ciudadanos congregados para exigir la liberación de los detenidos y el respeto a la libertad de expresión y reunión, finalmente se produjo un encuentro entre altos funcionarios de la institución y un grupo de 30 de los manifestantes que, luego de varias horas de discusión, culminó en la madrugada con los siguientes acuerdos:

1) Iniciar un «canal de diálogo» que incluirá al ministro de Cultura, entre otros funcionarios.

2) Las autoridades culturales prometieron que se van a interesar ante el Ministerio del Interior por la situación legal del rapero Denis Solís y el acoso a Luis Manuel Otero Alcántara, en huelga de hambre.

3) Revisar la declaración oficial redactada por los directivos de la Asociación «Hermanos Saíz» sobre los hechos de San Isidro, en la que se calificaba a los activistas de «mercenarios».

4) Los artistas podrán reunirse sin ser hostigados en los espacios independientes.

5) Compromiso de las autoridades de que los manifestantes podrían regresar a sus casas sin ser reprimidos ni hostigados por los numerosos efectivos policiales que rodean el lugar.

Mientras se celebraba la reunión, en los alrededores del Ministerio de Cultura fue retirado el servicio eléctrico y el alumbrado público, e incluso varios de los presentes fueron rociados con gas pimienta por las fuerzas policiales que bloqueaban el acceso.

El Observatorio de Derechos Humanos advierte que, lamentablemente, la mayoría de los puntos alcanzados en el acuerdo han sido progresivamente vulnerados por el Gobierno de La Habana. En las horas posteriores, se inició una intensa campaña mediática difamatoria en los medios de prensa oficiales contra los miembros de Movimiento San Isidro; Denis Solís González se mantiene encarcelado como consecuencia de un proceso penal irregular y se han puesto en práctica una escalada de actos represivos policiales colaterales, entre ellos múltiples detenciones arbitrarias a personas que han intentado acceder a espacios públicos.

A todo esto hay que sumar una campaña de “criminalización” contra los activistas sociales del Movimiento San Isidro desde los medios masivos de comunicación -todos controlados por el Partido Comunista-, la realización de actos de “reafirmación revolucionaria” encabezados por el propio presidente de la República, Miguel Díaz- Canel, y un aumento considerable de presencia de cuerpos policiales especializados en las calles de la capital cubana.

Ante este aumento de la represión por parte de las autoridades cubanas y el evidente clima de intimidación, el Observatorio muestra preocupación sobre posibles represalias que puedan acometerse contra los jóvenes que protagonizaron la protesta pacífica el pasado 27 de noviembre y pide al Consejo de Derechos Humanos que inste al gobierno de La Habana a garantizar la seguridad y libertad personal de los manifestantes.

Alejandro González Raga
Director Ejecutivo OCDH

Carta original en PDF. Al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas