Madrid, 9 de mayo de 2019
El OCDH alerta a la comunidad internacional sobre la ola represiva que actualmente están sufriendo activistas de la sociedad civil cubana. Estamos ante una campaña de acoso por medio de citaciones policiales y amenazas para impedir que los grupos desarrollen su actividad.
El pasado 6 de mayo Dagoberto Valdés, director del Centro de estudios Convivencia Cuba, con sede en Pinar del Río, fue amenazado por un funcionario de la policía política para que no acudiera a impartir una conferencia para jóvenes católicos en Santa Clara. Ayer fue citado por la policía política el joven Javier Valdés, webmaster de la revista Convivencia.
El 7 de mayo fue citada e interrogada por la policía política, en las oficinas de inmigración de Camagüey, la joven Isel Arango, editora de la publicación independiente La Hora de Cuba.
El día de ayer, Luz Escobar, reportera del diario 14ymedio, fue arbitrariamente arrestada y conducida a la estación policial de Santiago de las Vegas, en La Habana. La periodista estaba recogiendo testimonios de los vecinos del albergue para damnificados de fenómenos naturales.
Igualmente, el OCDH está recibiendo denuncias de amenazas de integrantes de diferentes movimientos opositores.
El OCDH condena estos actos y denuncia que son parte de una estrategia del gobierno de Miguel Díaz-Canel para entorpecer o eliminar cualquier espacio de participación e información alternativo y plural. A corto plazo, no quiere que la sociedad civil independiente participe en los debates que se suscitarán en el marco del desarrollo legislativo de la Constitución. Pero, a largo plazo, el gobierno busca que ni la sociedad civil ni la oposición sean actores que cuenten en cualquier escenario relevante para el futuro del país.
