Buenas tardes a todos.
Muchas gracias al Secretario General de la OEA, Luis Almagro y a su equipo por esta invitación.
El pasado mes de octubre el gobierno de los Estados Unidos inició la campaña “Presos Por qué”, en un ejemplar acto de solidaridad para con los Presos Políticos cubanos, que debería ser emulado por todos aquellos gobiernos e instituciones que aseguran defender las libertades individuales y los derechos humanos.
En aquella ocasión el cuerpo diplomático cubano escenificó un auténtico acto de repudio que dejó al descubierto -como si hiciera falta- el talante arbitrario e intolerante del gobierno cubano, lo cual habría sido un simple incidente si no fuera porque refleja 60 años de actuación.
El drama del presidio político cubano se inició con las luchas por la independencia. Una experiencia que José Martí, después de sufrirla en carne propia, catalogó “como el más rudo y desbastador de los dolores”. Pero es precisamente tras el acceso al poder de la Revolución que venía a restablecer el Estado de Derecho, que se inicia un periodo inigualable. Decenas de miles de prisioneros comienzan su tránsito por las cárceles cubanas.
Las frialdad de las cifras darán una visión cuantitativa de la tragedia, pero no reflejan el drama existencial que implican.
A la llegada al poder de aquel ejército en 1959, Cuba contaba con una población de algo más de seis millones y menos de veinte instituciones penitenciarias. En la actualidad, para una población de algo más 11 millones de habitantes, hay más de 300 centros penitenciarios. Lo que ha sucedido es que, mientras la población se multiplicó por 2, el número de centros de reclusión se multiplicó por 15. Incluso con las cifras ofrecidas por el propio gobierno, que no han sido corroboradas por ningún organismo independiente, Cuba tiene la sexta tasa de prisioneros más alta del mundo, en relación con su población. No es extraño que ese incremento del número de presos y de prisiones coincida con la creciente visibilidad de quienes en Cuba se oponen al gobierno, y con la ininterrumpida represión por parte de este a las exigencias de libertades y cambios.
El OCDH hace constar que en la actualidad hay en las cárceles cubanas 139 prisioneros por motivos políticos.
Tanto el Código Penal como la Ley 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, conocida como Ley Mordaza, establecen altas penas para un extenso número de artículos que son aplicados por la policía, fiscales y jueces a quienes intentan hacer valer su derecho a la libre asociación, expresión o manifestación, para quienes además hay juicios sumarios. Ello cuando no se inician causas mediante la fabricación de delitos comunes.
Las pruebas en la mayoría de estos casos políticos, además de testimonios inventados, son la ocupación de artículos de opinión publicados en medios alternativos, ordenadores, celulares, libros sobre Martin Luther King, Mahatma Gandi, o el texto de convenciones de la ONU. ¿Puede alguien imaginar que se pueda atentar contra la seguridad del estado con una Declaración Universal de los Derechos Humanos?
Es difícil hacer referencia a la relación entre la injusta cárcel y la ley como instrumento represivo, sin mencionar la permanencia y aplicación en Cuba de la llamada peligrosidad social predelictiva, contemplada en el Código Penal. Un invento jurídico que sirve de base al encarcelamiento de quienes tienen una actuación que contradiga la moral socialista, por ser una conducta antisocial.
Para que aquellas personas que nos acompañan y que no son cubanos entiendan: se trata de enviarte a la cárcel sin haber cometido un delito; para encarcelar, por ejemplo, al que opina diferente o recoge firmas en apoyo a una propuesta alternativa.
Para estos hombres y mujeres que a merced del carcelero hoy afrontan las más duras condiciones, pedimos solidaridad. Al tiempo que exhortamos a no quedarnos en el reclamo, a asumir compromisos en la exigencia al gobierno cubano en materia de derechos humanos; exigir que admita sin reservas el acceso de organizaciones internacionales a las instituciones penitenciarias.
Es urgente demandar al gobierno cubano una reforma profunda de su sistema jurídico, en especial de la esfera penal (tanto sustantiva como procesal) para que elimine de sus códigos aquellas figuras que son aplicadas para llevar a la cárcel a opositores, y para que el procedimiento incluya las garantías universales del debido proceso, la presunción de inocencia, y la independencia de los jueces, principios que hoy se vulneran impunemente, comenzando por un sistema judicial que antes de dictar sentencia espera por las instrucciones de la policía política y el Partido Comunista.
Amigos y amigas,
Hablo en nombre del Observatorio Cubano de Derechos Humano, pero hoy también en el de mi familia y el mío propio, como cubanos que sufrimos las consecuencia del injusto presidio político. Como testigos de los avatares del exilio, de las campañas difamatorias, de la violación sistemática y selectiva de nuestros derechos. Como víctimas de un Apartheid que nos prohíbe participar en la vida pública de nuestro país y nos condena a renunciar al derecho a regresar a nuestra tierra.
Pero este sufrimiento no puede impedir que nos preguntemos, siendo, como somos, radicalmente cubanos, ¿qué es lo mejor para nuestra patria?.
Con todo respeto por las visiones que hay sobre los distintos escenarios que pudieran darse y las posibles actuaciones en estos, desde el Observatorio Cubano de Derechos Humanos queremos que Cuba viva un proceso de transición de la Ley a la Ley, lejos de la violencia y la muerte. Ayer precisamente, 6 de diciembre, el pueblo español celebró los 40 años de la aprobación en referéndum de la Constitución de 1978, momento culminante de la transición española, modelo que puede servir de inspiración.
No queremos la impunidad, pero tampoco la venganza. Creemos que la transición necesitará de una petición de perdón por parte de los represores, de una gran dosis de generosidad de todos, y de una justicia reparadora. Porque por muy embaucador, violento e indolente que sea nuestro adversario, no podemos dejar de creer en los valores que han estado en la base de las sociedades que transitaron con éxito a la democracia y la prosperidad luego de experiencias antidemocráticas.
Finalmente quiero agradecer a la OEA este espacio. Antes mencioné la visibilidad creciente de los justos reclamos y anhelos de la oposición en la isla, y del compromiso de los cubanos de bien con la democracia y el progreso en nuestra patria. Una Cuba libre conviene no solo al futuro de los cubanos sino también al de toda latinoamérica; lo cual debe parecer obvio, ahora que buena parte de la región ha recogido los amargos frutos de la injerencia del totalitarismo cubano. Esa creciente parte de la sociedad civil cubana, que desde hace varias décadas ha sufrido cárcel, exilio, discriminación, que representa a millones de compatriotas, quiere integrarse plenamente al sistema interamericano. Tenemos una experiencia que compartir y un porvenir que levantar, por eso pedimos que nuestra voz sea tenida en cuenta y que se encuentren fórmulas para que haya un reconocimiento legal e institucional de nuestras organizaciones independientes. Pedimos el apoyo y acompañamiento de la comunidad democrática, especialmente en nuestra región, tanto de los estados como de la sociedad civil. Convencer a todos de esta urgencia moral es una necesidad impostergable.
Muchas Gracias.
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