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Un SOS para Álida y familia

Una familia compuesta por dos menores, un hombre y una anciana de setenta y seis años de edad, se encuentra en una situación que deriva en un serio y potencial peligro para sus vidas, debido al deplorable estado constructivo de su vivienda, cuya edificación se encuentra próxima al colapso total.

En el capitalino municipio de Diez de Octubre, vive la familia de la señora Álida María Pons Menéndez, en la calle Libertad 363 altos, entre D’Strampes y Figueroa, Reparto Santos Suárez; estas personas están expuestas a que en cualquier momento las paredes y el techo de su domicilio se le vengan encima, por el pésimo estado constructivo en que se encuentran.

Esta señora es jubilada de la Empresa Central de Metales y accedió a comentar sobre la situación por la que están pasando en la actualidad, por el burocratismo y la falta de voluntad política que reina en el país, combinación que no permite dar solución a problemas sociales como el de ella, pese a los múltiples reclamos y peticiones realizadas -junto con su familia- a las más altas esferas del gobierno. Estas fueron sus palabras:

“En esta historia estamos desde el 2012, cuando la arquitecta que atendía la comunidad en ese entonces, me hace una llamada telefónica para exigirme la suma de trescientos pesos (moneda nacional) para realizar la inspección a la vivienda; que daría el inicio a lo que ellos denominan dictamen técnico del estado constructivo de la vivienda, para otorgarme un subsidio. Esa funcionaria, a la que solo conozco como la Licenciada Elizabeth y cuya oficina radica en Juan Delgado entre Abreu y Acosta; fue la encargada de cancelar el expediente, al negarnos a entregarle el efectivo por ella exigido, pues la funcionaria no quiso darnos un recibo que avalara el abono del dinero que le dimos; desde entonces estamos de queja en queja a todas las instancias del gobierno y el Partido”.

Continúa Álida explicando: “Cuando comenzó a caerse el techo, le envié una carta a Raúl Castro, en Noviembre del 2015, por el derrumbe, gracias a Dios solo perdimos los efectos electrodomésticos que estaban en la habitación y no tuvimos que lamentar daños humanos. Después me enviaron respuesta del Consejo de Estado donde se me notifica que mi caso fue remitido al Gobierno Provincial para valoración con carácter de urgencia; pero en eso llevamos más de dos años y ya la casa está apuntalada en toda su extensión, los niños están durmiendo donde existen vigas sueltas; cada día que pasa estamos más próximos a que todo se nos venga encima y a los del gobierno no les interesa. No pasa un día en que no vaya o llame por teléfono a Bárbara Maritza Ayón, quien es la presidenta municipal de la Asamblea del Poder Popular en Diez de Octubre, la cual siempre tiene un pretexto para evadirme. Hemos escrito al señor presidente de la República Raúl Castro Ruz en dos ocasiones y estamos en proceso de una tercera carta para ver que solución nos van a dar antes de que amanezcamos todos muertos debajo de los escombros”.

En visita realizada por este comunicador a la vivienda donde reside esta familia, se pudo constatar el peligroso estado constructivo que tiene; puntales de madera a todo lo largo de la casa sostienen un techo que se evidenciaba próximo a colapsar. Tienen recipientes por doquier que utilizan para contener las goteras, producto de las filtraciones cuando llueve.

Hay un enorme hoyo en el techo por el desprendimiento que tuvo, dejando otro aún mayor en el piso de la vivienda que pone en riesgo a la familia  de los bajos, paredes agrietadas y dos menores que duermen en una habitación en la cual existen vigas sueltas que han cedido a la presión de la deteriorada edificación.

Además de esta penosa situación por la que atraviesa Álida, podemos agregar su caótica realidad económica. Recibe una simbólica pensión de jubilada de 270 pesos moneda nacional, unos 11 dólares al mes que no le alcanza ni para comprar sus medicamentos, y da gracias a la ayuda caritativa que recibe de la Iglesia Católica “San Juan Bosco”, de su comunidad.

A pesar de lo que el régimen divulga en los medios -todos controlados por el Estado- la protección y amparo que la “Revolución” le ofrece a las familias clasificadas como casos sociales críticos, la realidad dista mucho de la propaganda. Álida continuará esperando, pues por las nuevas regulaciones, se realizarán dos convocatorias anuales para atender estos casos de solicitud de financiamiento para la reparación de viviendas. Solo le queda su fe en Dios para una pronta solución, antes que tengan que lamentar pérdidas humanas.

La Habana, 3 de mayo de 2017

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