Lo cierto es que sorprende que en Cuba todavía alguien pueda creer que se logren empresas eficientes, bien organizadas y eficaces, con la publicación de unas “Bases programáticas del partido comunista o unos lineamientos más o menos inconcretos”. En diversas ocasiones, he reflexionado en este blog sobre este tipo de cuestiones que, a la larga, terminan siendo un obstáculo para que la economía cubana mejore, y sea eficiente y productiva.
El peso hegemónico del estado en la economía, la apuesta principal de la llamada “revolución” y responsable directo del desastre económico en estos 58 años de castrismo, es un gran error sistémico que debió ser eliminado hace décadas. Un buen momento habría sido el denominado “período especial”, tras el derrumbe del muro de Berlín, cuando las fuerzas productivas de la economía mostraron que treinta años de intervencionismo estalinista no habían eliminado el deseo de emprender de los cubanos, ni mucho menos.
No se quiso hacer entonces, y por el contrario, la recentralización de poder económico del estado castrista beneficiado por el petróleo chavista, terminó de liquidar cualquier expectativa de libertad en la economía cubana. Lo peor fue que en esos años, Fidel Castro, a título personal, destruyó el principal sector de la economía, el azúcar, que desde entonces pasó a ser marginal e insuficiente.
La llegada al poder de Raúl, y su afán por extender el llamado perfeccionamiento empresarial que se había implementado en la economía controlada por el ejército desde los años 80, hizo que algunas iniciativas reformistas fueran viendo la luz. Casi siempre a cuentagotas, y con el resquemor a enterrar la herencia ideológica de Fidel, al menos en vida.
Lo cierto es que en todos los enunciados de política económica de estos últimos años, en la llamada “Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista”, así como en las “Bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030. Visión de la Nación, Ejes y Sectores Estratégicos” y en el documento de los “Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el período 2016-2021” se insiste, una y otra vez, en lo que llaman “perfeccionamiento del sistema empresarial, otorgando gradualmente a las direcciones de las entidades nuevas facultades, definiendo con precisión sus límites, con la finalidad de lograr empresas con mayor autonomía, efectividad y competitividad, sobre la base del rigor en el diseño y aplicación de su sistema de control interno; mostrando en su gestión administrativa orden, disciplina y exigencia. Evaluar de manera sistemática los resultados de la aplicación y su impacto”.
Un enunciado que ofrece una idea bastante sorprendente de lo que el régimen castrista considera que necesitan las empresas de propiedad estatal, sus empresas, para ser más eficientes.
Y es verdad que “autonomía, efectividad y competitividad” necesitan más flexibilidad, pero no es suficiente. Digamos que, siendo condición necesaria para cualquier mejora del sistema empresarial, no basta con este tipo de enunciados. Hay que ir más allá.
La respuesta es clara, pero los dirigentes castristas no lo acaban de implementar. No les queda otro remedio, como a chinos o vietnamitas. El estado debe apartar sus manos de la dirección de las empresas de la economía. Como máximo, su papel de regulador debe quedar bien definido, pero nunca se debe encargar de la gestión directa de la producción de bienes y servicios, salvo casos concretos.
El régimen castrista se ha ido despojando de determinadas funciones de intervención directa en las empresas. Eso es cierto, pero ese proceso no ataja el problema principal relativo a la titularidad de los activos y el sistema de derechos de propiedad. Mientras que los cubanos no tengan derecho a acceder a la propiedad privada y sigan dependiendo de un estado intervencionista que dirige sus vidas en todos los aspectos sociales, económicos y personales, en Cuba no habrá nada que hacer.
Así de claro. Ni con estímulos a los trabajadores, ni facilitando a las empresas la venta de sus eventuales excedentes, ni ensayando mercados minoristas o mayoristas para la distribución de insumos, ni propiciando acuerdos con empresas del exterior, ni cambiando las funciones de la UEB, la OACE, la OSDE y demás mecanismos de intervención, ni modificando las órdenes y encargos estatales a las empresas, ni separando o uniendo organismos y dependencias ministeriales, ni incorporando actividades de seguros, evaluación de activos, auditorías, estudios de factibilidad y consultorías, ni tampoco facilitando el pago por resultados, ni toda la panoplia de parches y medidas más o menos inconexas que la propaganda oficial se empeña en presentar como cambios reales. Nada de eso sirve. Insisto. Se trata de soluciones puntuales a problemas mucho más generales de la economía, y así no hay solución posible.
Existe un camino alternativo, que la ideología comunista bloquea a todos los cubanos: la propiedad privada de la economía. No tiene sentido que Cuba aparezca en las estadísticas mundiales como un país en el que el estado es dueño del 80% de los activos y derechos de propiedad de la nación, cuando la media internacional rara vez supera un 20%. Esa diferencia en la titularidad de los derechos de propiedad de los activos económicos se tiene que trasladar de forma ordenada y masiva e integral a los agentes privados, a los cubanos para que puedan ejercer con libertad absoluta sus derechos económicos, hasta ahora proscritos y sometidos a control.
La libertad económica arranca de una distribución de los derechos de propiedad en la economía a favor de los agentes privados, reservando al estado las funciones de distribución, estabilización y asignación de los recursos, así como la regulación de actividades, dentro de esquemas y formatos compatibles con los que existen en otros países con los que se compite. Cuba y su economía no pueden continuar siendo un agujero negro de ineficiencia en la globalización mundial competitiva. Cuando quieran en el régimen explicar por qué las inversiones extranjeras no se dirigen hacia la famosa “cartera de oportunidades”, que reflexionen sobre lo que significa tener explícitamente en un texto constitucional la supeditación de la propiedad privada al estado y la libertad de expropiación. La conclusión no les va a gustar, pero es la única que sirve.
