Régimen cubano impone condenas de hasta 8 años de cárcel por participar en una protesta pacífica tras un apagón

José Gabriel Barrenechea Chávez, detenido desde noviembre de 2024, condenado a 6 años de privación de libertad.
Entre los condenados se encuentra el intelectual opositor José Gabriel Barrenechea Chávez, con una sanción de 6 años de prisión.

Madrid, 16 de enero de 2026

El Tribunal Provincial Popular de Villa Clara, Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado, condenó a prisión por el supuesto delito de desórdenes públicos a los cubanos José Gabriel Barrenechea Chávez (6 años de privación de libertad), Rodel Bárbaro Rodríguez Espinosa (5 años), Yandri Torres Quintana (8 años) y Rafael Javier Camacho Herrera (7 años), mientras que Yuniesky Lorences Domínguez fue condenado 3 años de trabajo correccional sin internamiento y Marcos Daniel Díaz Rodríguez a 5 años de limitación de libertad.

Lo anterior lo recoge la sentencia 4 de 2026, Causa 82 de 2025, a la cual tuvo acceso el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

Según el documento emitido por el tribunal del régimen, durante un apagón en Encrucijada (Villa Clara), el 7 de noviembre de 2024, los acusados se aglomeraron frente a las sedes del Partido y Gobierno Municipal y gritaron «queremos corriente», tocaron calderos “produciendo con ello gran ruido y algarabía”, entorpeciendo “el tránsito de los vehículos por el lugar” e impidiendo que se escucharan las explicaciones de las autoridades.

Los jueces Aimee Caraballé Corrales (ponente), Justo Gustavo Faife Hernández y María Teresa Domínguez Rodríguez fundamentan su condena en actuaciones que la sentencia describe con expresiones ridículas y sin peso penal, como: “por su propia voluntad gritaban al unísono que pusieran la corriente…” o “sumados al grupo de personas aglomeradas que pedían corriente, comenzaron a tocar objetos metálicos los que fueron identificados como calderos…” o “aunque lo quieren hacer ver como un evento pacífico, resultó lo contrario pues incluso no dejaban que la primera secretaria del partido en el municipio diera una explicación de la situación existente en el país…”.

La sentencia describe a José Gabriel Barrenechea Chávez, al momento de los hechos, como alguien que “se relacionaba con personas de mala moralidad y conducta social, sin vínculo laboral reconocido…”. Esta caracterización es típica de los informes represivos utilizados contra activistas, disidentes y opositores al régimen, aunque tienen que reconocer que al intelectual “no le obran antecedentes penales”.

Barrenechea estaba detenido desde noviembre de 2024.

El OCDH condena esta sentencia como una clara violación de derechos universales a la libertad de expresión y reunión pacífica (arts. 19 y 20 Declaración Universal), al criminalizar una protesta pacífica por apagones como «desórdenes públicos» y con penas hasta 8 años.

También viola el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscrito por Cuba. La protesta pacífica por la falta de electricidad el 7 de noviembre de 2024, en Encrucijada, no constituye delito alguno, sino un ejercicio legítimo de reclamo ciudadano ante la continua crisis energética, agravada y sin respuesta alguna de parte de las autoridades. Criminalizar este hecho con penas de hasta 8 años de prisión, demuestra el ensañamiento del régimen, de su aparato policial y judicial, para infundir terror y silenciar no sólo la disidencia política, sino cualquier lógico reclamo de la ciudadanía.

En el caso de Barrenechea se añade la actuación inhumana cometida contra su madre, Zoila Esther Chávez Pérez, quien falleció en mayo de 2025 sin poder despedirse de su hijo único, a pesar de que lo había pedido en reiteradas ocasiones. A sus 84 años, aquejada de cáncer metastásico, Zoila suplicó en vano visitas y pases humanitarios al régimen cubano, que los negó sistemáticamente, pese a ser Barrenechea su único cuidador. El jefe de la prisión La Pendiente, en Santa Clara, había respondido: «El hijo verá a su madre cuando se muera».

Según el VIII Informe sobre Derechos Sociales del OCDH (2025), los apagones superan por primera vez a la crisis alimentaria como principal preocupación de los cubanos (72% vs. 71%), en una encuesta con entrevistas realizadas a 1.344 personas en 70 municipios. Recientemente, el OCDH denunció al menos 3.179 acciones represivas contra la población civil en 2025, entre ellas nuevas condenas a prisión por ejercer derechos humanos fundamentales.

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