Prosigue en Camagüey con más fuerza la ola represiva tras el paso del huracán Irma. Según el semanario oficialista Adelante del sábado 30 de septiembre 2017, suman ya en el territorio 42 hechos delictivos procesados al decir de la fiscal jefa provincial, Idelsys Martínez Laurencio. De ellos 18 han sido por hurtos y robos con fuerza ¨fundamentalmente contra bienes y recursos del estado¨, dijo la funcionaria gubernamental. El resto ha sido por especulación y acaparamiento, receptación, actividad económica ilícita, desorden público y lesiones. Se refirió como ejemplo a un ciudadano del municipio cabecera al que se le ocuparon 30 sacos de papas y se procesa por el delito de receptación.
Continuó explicando que ¨se enjuician otras acciones delictivas por desobediencia y atentado contra las autoridades que se han personado en los lugares para dar explicaciones y la respuesta de algunos ha sido la violencia. Lamentablemente se dio en un centro de evacuación contra una de las autoridades que les explicaba por qué debían permanecer allí¨preciso la fiscal.
La realidad de los hechos es que cualquier funcionario en Cuba tiene autoridad para evacuar forzosamente, dejando desprotegidas las pocas pertenencias que poseen los ciudadanos, porque lo que importa es salvar la vida y lo demás no cuenta. Esa ha sido una bandera política del gobierno, la no ocurrencia de muertes durante catástrofes naturales. En la vida real hay una represión feroz contra toda señal de protesta y especialmente contra cualquier actividad económica no controlada por el régimen. Así por ejemplo, Yadiel, de 36 años de edad, nos cuenta que fue detenido por un auto patrullero, en la calle Avellaneda, con 24 paquetes de papas prefitas que había comprado en un establecimiento estatal. Pese a sus protestas por poseer una autorización a trabajar por cuenta propia en la actividad de elaborador-vendedor de alimentos ligeros, fue arrestado, conducido a la Primera Estación de la Policía Nacional Revolucionaria, donde permaneció casi 48 horas y se le decomisó la mercancía, además de imponérsele una multa de 700 pesos.
Yadiel tuvo suerte de no ser procesado penalmente, porque sin un estado de excepción declarado constitucionalmente por el gobierno, los Tribunales están procesando aceleradamente en 7 días, a los ciudadanos por los llamados atestados directos y sancionados absurdamente al límite máximo del delito cometido. Así fueron sancionados a un año de privación de libertad, ciudadanos en Santa Cruz del Sur y Céspedes por hurtar tejas. Esta represión pos-desastre natural no es nada nuevo, baste recordar que al paso del huracán Ike por Camagüey en el 2008 presenciamos como un joven fue condenado a un año de privación de libertad por vender 8 pizzas elaboradas artesanalmente. Sólo un régimen totalitario como el de Cuba se preocupa más por reprimir a sus ciudadanos que en socorrer a los numerosos damnificados por el azote de Irma.
