Disidentes cubanos presentan en Madrid la nueva plataforma, impulsada por el Observatorio de Derechos Humanos, que pretende dar visibilidad a las organizaciones no vinculadas al régimen.
abril 2017
La Asociación Jurídica Cubana (AJC), no reconocida legalmente en su país, acaba de estrenar un nuevo registro de asociaciones de la sociedad civil de la isla, impulsado desde Madrid por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que busca sortear la censura y las trabas para la creación y funcionamiento de organizaciones no vinculadas al aparato del Estado.
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La iniciativa pretende «dar visibilidad» a la sociedad civil cubana y que las asociaciones, «durante mucho tiempo vilipendiadas por el régimen cubano» y tachadas de «organizaciones fantasma», tengan un lugar donde estar y donde se las pueda buscar, ha explicado este miércoles en la presentación de la Asociación el director del Observatorio, Alejandro González Raga. Se trata también de «homologar» a estas asociaciones con otras organizaciones a nivel internacional, algo que espera que les dé «legitimidad», aunque no «legalidad» en su país, ha apuntado.
Para inscribirse, las asociaciones deben rellenar un formulario, sin que exista ninguna censura ni condiciones políticas, explican sus promotores. Únicamente se exigirán requisitos formales y un carácter cívico y no violento y se llevará a cabo un proceso de verificación de la existencia real de la organización en cuestión. Otras organizaciones como las Damas de Blanco, Unpacu, Somos Más, Proyecto Arco Iris, Plataforma Femenina o Convivencia Cuba, están dispuestas también a inscribirse, indica González Raga.
El fundador de la AJC, Wilfredo Vallín, confía en que su inscripción en el recién creado Registro de Asociaciones de la Sociedad Civil Cubana permita que «mucha más gente acuda» a su entidad, dedicada al asesoramiento a los ciudadanos en asuntos legales, y «poder ayudar a muchos más cubanos».
En la actualidad, conforme a la ley vigente, todas las asociaciones que se creen en la isla deben estar vinculadas a algún órgano estatal y sus miembros deben dar cuenta de sus actividades a las autoridades. Cualquier asociación de la sociedad civil que vaya en contra de la línea marcada por el Estado es «rechazada de plano», ha explicado el ex juez del Tribunal Supremo de Cuba y vicepresidente de la AJC, Calixto Gammalame.
La odisea de crear una asociación civil
Wilfredo Vallín ha detallado los obstáculos planteados por el régimen a lo largo de diez años para la creación y funcionamiento de la Asociación Jurídica Cubana, que no está autorizada, aunque sí «un poco tolerada». Según Vallín, él y las tres mujeres que impulsaron el nacimiento de la AJC solicitaron en 2008 su inscripción en el registro oficial de asociaciones, sin que recibieran respuesta alguna.
Después de meses, ya con nuevos miembros incorporados a la iniciativa, lo volvieron a intentar con el mismo resultado. Acudieron por dos veces a la ministra de Justicia, María Esther Reus, pero tampoco contestó, a pesar de la obligación de respuesta estipulada en la legislación cubana.
Denunciaron entonces a la propia ministra ante los tribunales y, después de un trasiego judicial de dos años, el Supremo denegó la autorización arguyendo que la asociación duplicaba las funciones de otras organizaciones. Se refería a los llamados bufetes colectivos, que son las oficinas de abogados a las que todo cubano debe acudir para su representación ante los tribunales y que, como señala Vallín, están vinculados con el Estado.
En el fallo del Supremo no se citaba la ley de asociaciones, que era a la que la AJC se acogía para su creación, explica. Además, los bufetes colectivos tiene ánimo de lucro, mientras que su asociación presta un servicio gratuito.
No obstante, sus miembros decidieron trabajar sin la autorización legal y empezaron a organizar seminarios sobre Derecho Procesal Penal. Después de cuatro sesiones, se presentó la policía política para impedir que continuaran con ellas. Cambiaron de lugar, pero las trabas continuaron, de modo que decidieron grabar los seminarios y difundirlos en discos. A la vista del éxito de esta fórmula, el régimen autorizó que volvieran a dar los cursos presenciales y desde entonces se mantienen en esa situación de limbo legal.
El ex juez Gammalame aseguró que en Cuba «no hay independencia» de la Justicia, sino que «hay un solo poder», razón por la cual él dejó de ejercer.
Por otra parte, el ex preso político Jorge Olivera, también presente en el acto de presentación del nuevo registro de asociaciones, ha denunciado el «deterioro de la situación interna», con un aumento del número de presos políticos y flagrantes violaciones de los derechos de los ciudadanos, con actuaciones sistemáticas de «vandalismo» por parte de la Policía, que efectúa registros en los domicilios «sin dar explicaciones de estas arbitrariedades».
Olivera, escritor y periodista independiente que disfruta en Estados Unidos de una beca del programa para académicos y autores en riesgo de la Universidad de Harvard, advierte de que en Cuba, aunque no se estén dando grandes masacres y torturas que atraigan el foco informativo mundial, hay una represión «científica y psicológica» y hay que «poner al mundo al corriente de la dictadura cubana».
Con todo, Olivera prevé «cambios a medio y largo plazo», porque considera que la actual situación «no se puede sostener» en el tiempo. Advierte, sin embargo, de que será «muy difícil lograr la transición pacífica» y teme haya una «huida hacia adelante» por parte del régimen, lo que considera «muy peligroso», ya que «la violencia genera violencia» y puede desembocar en «una espiral incontrolable».
En la foto: De izquierda a derecha, Jorge Olivera, Alejandro González Raga, Willfredo Vallín y Calixto Gammalame – Inma Flores
Tomado de http://www.abc.es
