Madrid, 4 de septiembre de 2024
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) acusó este miércoles al régimen de Cuba de “silenciar al activismo político, las protestas y otras expresiones de descontento con más terror, prisión y exilio, en vez de buscar soluciones a las violaciones que se cometen diariamente contra los ciudadanos de la isla”.
“La disminución de determinados parámetros o variables que medimos, como las detenciones arbitrarias, retenciones, o acciones represivas en general, respuestas más frecuentes del régimen al ejercicio de derechos civiles, no puede ser vista como una voluntad real del gobierno de no reprimir o respetar los derechos humanos”, afirmó el OCDH.
En este sentido, la organización insiste en que “es precisamente el clima represivo de los últimos meses lo que ha originado una situación de temor en algunos casos y cautela en otros; ello forma parte del resultado esperado por el régimen y del costo de la represión para los ciudadanos”.
En agosto se registraron al menos 152 acciones represivas, de las cuales 14 fueron detenciones arbitrarias y 138, otros abusos. Entre estos últimos aparecen amenazas, citaciones y hostigamiento policial. Se reportaron 81 denuncias realizadas por presos políticos y sus familiares.
“El principal instrumento de terror en Cuba es la cárcel”, dijo el OCDH. “La situación de los presos políticos no mejora. No solamente se les ha negado el derecho a juicios justos, sino además se les somete a condiciones carcelarias inhumanas”.
En agosto, el manifestante del 11J Yosandri Mulet Almarales se suicidó en La Habana tras un primer intento fallido, mientras estaba de permiso penitenciario.
Mulet Almarales cumplía diez años de prisión por las protestas del 11 y 12 de julio en el barrio de La Güinera, en La Habana.
El ex prisionero político, Carlos Michael Morales fue amenazado por la policía política con que sería regresado a la prisión si no dejaba su activismo y trabajaba para el estado. A otro, ex prisionero político, Samuel Pupo Martínez, la policía política le advirtió que podía enfrentar un nuevo proceso penal por el delito de “propaganda contra el orden constitucional” y hasta 10 años de cárcel, debido a sus opiniones políticas en las redes sociales.
Wilber Aguilar Bravo, padre del preso político Walnier Aguilar, sufrió en repetidas ocasiones vigilancia en las inmediaciones de su vivienda.
