El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) envió este martes al Gobierno de España un informe jurídico sobre la situación del preso político Mario Josué Prieto Ricardo, con doble ciudadanía cubana y española, detenido durante las manifestaciones de julio de 2021 y condenado a 12 años de cárcel por el delito de sedición.
El análisis de la sentencia recoge que en ningún momento quedó probado el delito de sedición que le era imputado; que no se respetó el principio o garantía de que las personas deben ser juzgadas por un juez natural y no por tribunales o salas de excepción; manejo político del caso, sin tener en cuenta las incongruencias de los testigos de la fiscalía y cometiendo errores en la ponderación de pruebas; no se tuvieron en cuenta las circunstancias personales y de salud de Mario Josué.
“Se aprecia notablemente que el caso, como otros similares, está ceñido a los dictados del Partido Comunista y su policía política, entrometidos en la actividad judicial, que no pretenden otra cosa que criminalizar conductas cívicas naturales espontáneas (…) y persuadir a la ciudadanía a no ejercer derechos individuales constitucionales al mostrarles las arbitrarias consecuencias”, expone el dictamen jurídico.
Según dijeron autoridades españolas a un medio de prensa norteamericano, Madrid actúa en este caso “de acuerdo con lo que estipulan las leyes cubanas”.
“Si bien el régimen cubano aplica el principio de ciudadanía efectiva, eso no impide que las autoridades españolas intervengan. El gobierno cubano siempre ha actuado violando incluso sus propias leyes. En este caso, se han cometido errores jurídicos evidentes y se trata de una situación grave y humanitaria, con peligro para la vida del ciudadano español”, afirmó el OCDH.
Según el OCDH, “no hacer nada es la peor opción. La presión de España podría ser determinante para obtener la liberación de Mario Josué Prieto Ricardo”.
El preso político es paciente psiquiátrico y ha padecido dos intentos suicidas. El OCDH no recibió respuesta a una misiva enviada inicialmente al Ministerio de Asuntos Exteriores de España.
El dictamen también ha sido enviado a la ONU, así como al Tribunal Supremo Popular de Cuba.
