Madrid, 4 de julio de 2018
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, celebra la liberación del científico Ariel Ruiz Urquiola y agradece a las organizaciones y personas de buena voluntad que apoyaron el reclamo de su excarcelación.
El Dr. Ruiz Urquiola nunca debió estar preso, y tampoco deben estarlo el más de un centenar de prisioneros políticos que continúan en las cárceles cubanas por pensar diferente al gobierno del Partido Comunista, muchos de ellos en condiciones inhumanas.
Por ello entendemos que hay que continuar exigiendo al gobierno cubano, en especial al presidente Díaz-Canel, que se reforme la Ley 62 o Código Penal, eliminando cualquier posibilidad de ser encausado, juzgado, encarcelado o multado por el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, recogidos por todos los estados democráticos. Igualmente, hay que exigir una reforma de la Ley de Procedimiento Penal, de modo que se respeten las garantías del debido proceso y se establezca la independencia de los jueces en la administración de justicia.
Mientras no ocurra una reforma general de la legislación cubana adaptándola a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, siempre estaremos a merced de supuestos gestos humanitarios del gobierno cubano, que en realidad son movimientos interesados de fichas en un ajedrez político y no el reconocimiento de los derechos, dignidad e integridad de cada ciudadano como persona humana.
Bajan las detenciones de corta duración pero se intensifica la represión
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denuncia que durante el mes de mayo se produjeron 108 detenciones arbitrarias en la isla, 1.332 en el primer semestre de 2018.
En base a los reportes que los observadores y demás colaboradores nos envían desde la Isla, se puede concluir que mientras el gobierno cubano rebaja el número de detenciones arbitrarias de corta duración, intensifica y diversifica su estrategia represiva utilizando actos de acoso y provocación para después imponer multas o establecer procesos judiciales por supuestos delitos como el de alteración del orden público o desacato a la autoridad. Precisamente un proceso (político y manipulado) por desacato a la autoridad fue el que llevó a prisión a Ariel Ruiz Urquiola.
Según ha denunciado la Unión Patriótica de Cuba: “Por el simple hecho de entregar a un vecino una hoja donde se explique qué es la campaña Cuba Decide, vienen, les ponen 2 mil pesos de multa y cuando se niegan a pagarla, les encarcelan”.
Este tipo de situaciones ha llevado a la cárcel a más de una veintena de opositores integrantes de UNPACU.
Otros de los elementos presentes en la represión han sido: el uso selectivo del permiso de salida del país, vincular a los fines de la sociedad socialista la concesión de licencias para el trabajo por cuenta propia, y el acoso constante a los periodistas vinculados a medios alternativos, como ha sido el caso de Inalkis Rodríguez Lora, colaboradora de La Hora de Cuba a quien se le ha abierto una investigación, y de Osmel Ramírez Álvarez, colaborador de Diario de Cuba, quien estuvo detenido 72 horas en las celdas de una estación de policía.
Estas son actuaciones cada vez más frecuentes en la medida en que empeora la situación económica y los medios independientes dejan en evidencia la nefasta respuesta del gobierno de Díaz-Canel ante acontecimientos como los derrumbes de inmuebles tras las lluvias.
