Se mantiene el clima represivo contra activistas y periodistas independientes. Los observadores han documentado 478 acciones represivas, de las cuales 114 son detenciones arbitrarias.
Madrid, 5 de abril de 2020
Marzo concluyó con al menos 478 acciones represivas en Cuba, de las cuales 114 fueron detenciones arbitrarias, denunció este lunes el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).
Durante el mes destaca el ensañamiento contra los miembros de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), a los que incluso se les ha prohibido el reparto de alimentos a los más pobres. Varios integrantes de esta organización se encuentran en huelga de hambre desde hace varios días.
«La situación socioeconómica del país se agrava y aumentan las desigualdades sociales. De un lado la élite gobernante y, del otro, la gran mayoría de los cubanos, con dificultades para alimentarse, para sacar adelante a sus familias y conseguir las necesidades más básicas, incluyendo medicinas», denunció Alejandro González Raga, director ejecutivo del OCDH.
Ante el avance de la pandemia de Covid-19, Raga advirtió sobre la aplicación masiva en Cuba de candidatos vacunales que no han tenido verificación u homologación internacional. «Nos preocupa que la población esté siendo utilizada como cobayas, en un proceso de vacunación encubierto y turbio», añadió.
https://www.facebook.com/observacuba/videos/1397126290649134/
Los principales abusos documentados por la red de observadores en Cuba registraron en marzo hostigamientos, sitios de viviendas, amenazas, citaciones policiales y multas.
“Nos preocupa sobremanera que, en este contexto, la respuesta del gobierno al aumento de la indignación y protesta populares sea la represión. Posiblemente en los próximos meses aumente la desesperación de la gente ante la difícil situación y la falta de soluciones, cuando no indolencia, por parte de las autoridades”, abundó el OCDH. E instó al gobierno a «comenzar las reformas económicas, políticas y sociales que el país necesita, o hacerse a un lado”. Concluyendo que los cubanos “no tienen que continuar soportando las consecuencias de la arraigada insolvencia de sus gobernantes».
