Madrid, 30 de marzo de 2021
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció este martes la tensa situación de las cárceles de la región de Camagüey (Cuba) con el Covid-19, y la nula transparencia del gobierno en la gestión de la pandemia.
Reportes parciales recibidos por el OCDH desde Camagüey cifran en un centenar los presos afectados en la cárcel de Kilo 7. La mayoría ha tenido que ser trasladada hacia el hospital Amalia Simoni. Similar situación se presenta en Kilo 8, con más de 106 internos positivos por Covid-19.
Los medios de comunicación oficiales (únicos permitidos en la isla) no informan sobre la incidencia del coronavirus en las cárceles.
Cuba cuenta con una de las poblaciones penales más altas del mundo, con casi cien mil presos y unas 200 cárceles. El gobierno no ha permitido nunca la inspección internacional de dichas instalaciones.
Los centros de internamiento de la isla carecen de las condiciones de salubridad necesarias. El hacinamiento, la mala alimentación y la deficiente atención médica han sido causa de frecuentes brotes de tuberculosis, enfermedades diarreicas agudas y otras transmitidas por parásitos como la escabiosis.
En marzo de 2020, al inicio de la pandemia, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió al gobierno de Cuba medidas urgentes para asegurar la salud, la seguridad y los derechos de los presos y evitar el colapso de las cárceles por el Covid-19.
Estas peticiones fueron atendidas parcialmente al ordenarse la excarcelación de unos seis mil internos comunes, según medios oficiales. Actualmente hay más de cien presos políticos en las cárceles cubanas, varios en precario estado de salud, como Ernesto Borges.
«Dada la magnitud del problema carcelario cubano, consideramos claramente insuficiente la descongestión del sistema penal. Lo que ahora sucede en las cárceles de Camagüey es solo una pequeña muestra del caos instalado en todas las prisiones del país por el Covid y por el deterioro acumulado», afirmó Alejandro González Raga, director ejecutivo del OCDH.
En general, Cuba vive un apagón informativo sobre las cifras reales de afectados y fallecidos por Covid-19. Profesionales de la salud han denunciado a medios independientes la falsificación de certificados de defunción para encubrir la magnitud de la tragedia.
«Existe ahora mismo un alto grado de indefensión en la ciudadanía cubana frente a las malas prácticas del gobierno, que van desde la manipulación de las cifras hasta una vacunación masiva encubierta con vacunas que aún no se han aprobado para su uso, más allá de los ensayos clínicos», añadió González Raga.
