Madrid, 24 de enero de 2022
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU la condena a 23 años de cárcel del cubano Walnier Luis Aguilar Rivera, que padece una discapacidad intelectual, como ha explicado públicamente su padre. Fue sentenciado por el supuesto delito de “sedición” tras manifestarse el 11 de julio en el barrio habanero de La Güinera.
Aguilar Rivera, de 21 años de edad, permanece privado de libertad en la severa prisión del Combinado del Este, de La Habana.
La denegación de una prueba médico/psiquiátrico forense en la fase investigativa y judicial, certificaba la predisposición a condenarle, explica el OCDH.
Aguilar Rivera sufrió arresto arbitrario el 20 de julio, y desaparición forzada por espacio de siete días. Fue confinado junto a delincuentes comunes. Se le impidió el inmediato acceso a sus padres, a los medicamentos que requiere, y a abogados.
“La figura delictiva de sedición está escogida para sembrar terror en la población cubana: prevé condenas que oscilan entre los 10 y 20 años de cárcel, o la posible pena de muerte. La imputación, juzgamiento y probable condena por sedición forma parte esencial del patrón represivo ejemplarizante que se ha diseñado contra jóvenes que no han cejado en el deseo de seguir exigiendo derechos y libertades, y Walnier Luis es víctima del plan”, añadió el Observatorio en su denuncia ante la ONU.
La historia clínica de Aguilar Rivera evidencia que ha requerido desde niño tratamiento especial por psiquiatría. Especialistas del estatal Centro de Diagnóstico y Orientación certificaron desde 2014 que era un niño y adolescente con necesidades educativas especiales, por padecer de discapacidad intelectual (retraso mental, según la terminología utilizada en Cuba).
El examen psiquiátrico practicado entonces al paciente refiere que estudió en una “escuela especial” desde la adolescencia, evaluado con diagnóstico de retraso mental, trastorno del aprendizaje y de la conducta, y está medicado permanentemente.
En 2018, la Comisión de Reclutamiento Militar de La Habana, compuesta por un equipo médico/forense, entre ellos especialistas en psiquiatría, determinó su exención del Servicio Militar por “funcionamiento intelectual limítrofe” y ser un “sujeto no apto” para asumir obligaciones naturales o cotidianas.
