Madrid, 27 de junio de 2025
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció el grave atropello contra el ciudadano cubano Julio César Duque de Estrada Ferrer, padre del también prisionero político Dairon Duque Estrada Aguilera, encarcelado durante las protestas pacíficas del 11J, quien enfrenta una petición fiscal de cinco años y seis meses de privación de libertad por el mero ejercicio de su derecho a documentar la realidad social en la vía pública.
Según el expediente fiscal, al que ha tenido acceso el OCDH, Duque de Estrada fue abordado el 5 de septiembre de 2024 por un oficial de contrainteligencia mientras filmaba una aglomeración en un punto de distribución de gas licuado en Santiago de Cuba. La versión fiscal sostiene que Duque de Estrada “se tornó agresivo” y agredió al oficial. Sin embargo, lo que en realidad ocurrió fue que el oficial le arrebató violentamente el teléfono a Duque Estrada, elemento no tenido en cuenta en la narración del fiscal. No es la primera vez que miembros de la policía política agreden a un ciudadano, y al final acusan al agredido. En cualquier caso, la acusación es desproporcionada y carece de fundamentos sólidos que justifiquen la severidad de los cargos de desobediencia, atentado y resistencia, en un contexto donde el ciudadano simplemente ejercía su derecho a la información y a la libre expresión.
La narrativa oficial ignora el derecho inherente de los ciudadanos a documentar eventos en espacios públicos, especialmente cuando se trata de situaciones de interés social como las filas para adquirir productos básicos. Es alarmante que la Fiscalía solicite una pena tan elevada —cinco años y seis meses de privación de libertad—, lo que sugiere una clara intención de criminalizar la vigilancia ciudadana y la transparencia.
“Manifestamos nuestra profunda condena a la actuación arbitraria de la policía política, así como la utilización de cargos penales para reprimir la actividad de grabar en la vía pública. El régimen cubano está más preocupado por ocultar la grave crisis que por solucionar los problemas de la gente”, afirmó el OCDH.
Julio César Duque Estrada Ferrer, de 55 años y sin antecedentes penales, se encuentra encarcelado desde el pasado 5 de septiembre sin que haya sido juzgado.
“Exigimos la revisión inmediata de su caso, el cese del hostigamiento judicial en su contra y el respeto a sus derechos fundamentales, incluyendo la libertad de expresión y el debido proceso”, añadió el OCDH.
En este enlace puede aceder a la solicitud fiscal para abrir un juicio oral contra Julio César Duque de Estrada Ferrer.
Resumen del documento:
El fiscal acusa a Julio César Duque de Estrada Ferrer de los delitos de desobediencia, atentado y resistencia. Según el documento, el 5 de septiembre de 2024, Julio César estaba filmando una aglomeración en un punto de gas licuado en Santiago de Cuba. Un oficial de contrainteligencia, Mario Raciel Soulary Garcés, se identificó y le ordenó que dejara de grabar y guardara su teléfono. Aunque Julio César bajó el teléfono, se negó a guardarlo y, al ser requerido para su identificación, se tornó agresivo. El oficial le ordenó acompañarlo a un mercado industrial, a lo que Julio César accedió.
Una vez dentro del mercado, el oficial le exigió sus documentos, y Julio César intentó sacar el teléfono nuevamente para grabar. El oficial le exigió que lo guardara y entregara su carnet de identidad, lo cual acató. Mientras el oficial revisaba los datos, Julio César, supuestamente aprovechando un descuido, le propinó una bofetada en el rostro. Esto generó un forcejeo, durante el cual Julio César se soltó del agarre, proyectó su teléfono contra el suelo y fue neutralizado por el oficial con un alambre hasta la llegada de los patrulleros.
El documento detalla que Julio César es un ciudadano cubano de 55 años, sin antecedentes penales, que no estaba integrado en organizaciones políticas o de masas y se pronunciaba en contra del proceso revolucionario.
El fiscal solicita para él una pena conjunta de cinco años y seis meses de privación de libertad, además de la privación de derechos civiles y políticos, y la prohibición de salida del territorio nacional. Se propone como prueba la declaración del imputado, certificaciones sobre el oficial agredido y sobre el comportamiento social de Julio César, un peritaje psiquiátrico-forense, y los testimonios de Mario Raciel Soulary Garcés (el oficial) y Antonio Fernández Leyva (un testigo que advirtió lo sucedido). Julio César se encuentra en prisión provisional desde el 5 de septiembre de 2024.
