Las autoridades de Cuba, violando sus propias leyes, impidieron que ciudadanos cubanos ejercieran su derecho a la libre manifestación pacífica.
Todo el aparato estatal, bajo las órdenes de la policía política, y contando con la activa colaboración de los Comité de Defensa de la Revolución, los medios de comunicación oficiales y hasta de la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista, desplegaron visiblemente su régimen de terror durante los días 12, 13, 14, y 15 de noviembre.
El OCDH ha documentado, hasta la fecha y hora de emisión del presente comunicado, más de 300 acciones represivas desde el día 12 de noviembre. Entre las más frecuentes resaltan: retención domiciliaria con vigilancia policial (104) , citaciones a estaciones policiales (55), amenazas (37), detenciones, actos de repudio (12) y cortes de los servicios de internet (28).
Todavía estamos recibiendo información desde Cuba acerca de esta represión meticulosa, y las acciones reiteradas y habituales del régimen cubano ante la decisión de ciudadanos pacíficos de ejercer sus derechos. Solamente en la jornada de ayer día 15 de noviembre, documentamos más de un centenar de acciones represivas, 29 detenciones, 7 actos de repudio, 37 casos de retenciones en domicilios con vigilancia policial.
Uno de los actos de repudio documentados ayer ocurrió en las inmediaciones del arzobispado de Camagüey.
Desde el 12 de noviembre, aproximadamente unas 30 personas permanecen detenidas, algunas en condición de desaparecidas, como los casos de Daniela Rojo, moderadora del grupo Archipiélago, y Yanilys Sariego, activista y defensora de los derechos humanos.
En este sentido, además de condenar estas actuaciones, exigimos la liberación inmediata de todos los prisioneros por motivos políticos y de conciencia.
La movilización del régimen cubano para reprimir a estos cubanos valientes utiliza los recursos de todos los ciudadanos. Recursos que deberían ser invertidos en la construcción de hospitales, en la compra de medicamentos, en el mejoramiento de las infraestructuras de agua potable y electricidad (situaciones que hemos denunciado en nuestros informes periódicos sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba) y en el combate a la delincuencia.
Las actuaciones de los últimos días deben tener consecuencias políticas en la Unión Europea (UE). En este sentido, reiteramos nuestro llamado a que se activen los mecanismos contemplados en el Acuerdo de Diálogo Político de la UE con Cuba.
Tanto las protestas populares de julio, como las exigencias de estos días de una parte importante de la sociedad civil, son una clara evidencia de los profundos cambios que el país necesita, y que deben ser políticos, económicos y sociales. También evidencian que en las instituciones estatales no tienen representación una parte importante de la ciudadanía cubana ni los intereses mayoritarios de la nación.
El gobierno tiene en sus manos la alta responsabilidad de comenzar estos necesarios cambios de manera pacífica. [CONTINUAR LEYENDO]
