OCDH condena las peticiones fiscales de hasta 15 años de cárcel contra ciudadanos que participaron en protestas populares en Nuevitas (Cuba)

Esta situación confirma la intensidad de la represión actual del gobierno cubano contra los ciudadanos que protestan pacíficamente. El propio régimen demuestra, una vez más, que no debe tener un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

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Madrid, 26 de septiembre de 2023

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) condenó este martes las peticiones fiscales de hasta 15 años de cárcel contra ciudadanos que participaron en protestas populares en la localidad de Nuevitas (provincia de Camagüey) en agosto de 2022.

El fiscal Camilo Recio Caballero presentó sus “conclusiones provisionales” ante la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado, del Tribunal Provincial de Camagüey, en las que pide condenar a:

-Mayelín Rodríguez Prado, 15 años de prisión por los “delitos de propaganda enemiga de carácter continuado y sedición”.
-Yennis Artola Del Sol, 10 años de prisión por el “delito de propaganda enemiga”.
-Jose Armando Torrente Muñoz, 15 años de prisión por los “delitos de sedición, atentado y resistencia”.
-Daiver Leyva Velez, 10 años de prisión por el “delito de sedición”.
-Keiler Velázquez Medina, 10 años de prisión por el “delito de sedición”.
-Menkel De Jesús Menéndez Vargas, 10 años de prisión por el “delito de sedición”.
-Frank Alberto Carrión Suarez, 10 años de de prisión por el “delito de sedición”.
-Frai Pascual Claro Valladares, 10 años de prisión por el “delito de sedición”.
-Lisdan Cabrera Batista, 11 años de prisión por los “delitos de sedición e incumplimiento del deber de denunciar”.
-Jimmy Jhonson Agosto, 15 años de cárcel por los “delitos de sedición y sabotaje”.
-Ediolvis Marín Mora, 15 de cárcel por los “delitos de sedición y sabotaje”.
-Wilker Álvarez Ramírez, 4 años de cárcel por los “delitos de encubrimiento de sabotaje”.
-Yanelis Valladares Jaime, 10 años de prisión por el “delito de sedición”.
-Lázaro Alejandro Pérez Agosto, 10 años de prisión por el “delito de sedición”.

Esta situación confirma la intensidad de la represión actual del gobierno cubano contra los ciudadanos que protestan pacíficamente. El propio régimen demuestra, una vez más, que no debe tener un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

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