Madrid, 2 de julio de 2020
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) condenó la ola represiva del gobierno de Miguel Díaz-Canel y Manuel Marrero contra activistas independientes y periodistas en todo el país, para evitar las protestas pacíficas contra la violencia policial y el racismo, convocadas tras la muerte del joven negro Hansel Ernesto Hernández a manos de la policía.
El martes 30 de junio, la policía política y las diferentes dependencias del Ministerio del Interior comandaron un ostentoso operativo policial a nivel nacional que incluyó, según los reportes recibidos desde Cuba por nuestros observadores, al menos 78 detenciones arbitrarias y 146 activistas sitiados en sus casas bajo vigilancia policial. También se reportaron amenazas, citaciones, otros tipos de hostigamientos y cortes de internet.
Estas acciones del Gobierno contra la oposición y sociedad civil ocurren en medio de un clima de represión e intimidación más amplio, que incluye centenares de procesos judiciales ejemplarizantes contra ciudadanos por supuestos incumplimientos de las medidas de aislamiento social. Esta circunstancia además ha sido aprovechada por el gobierno para volver a imponer el permiso de salida del país, como ha anunciado el Consulado de España en La Habana.
78 detenciones arbitrarias y 146 activistas sitiados bajo vigilancia policial #30juniocuba
«Condenamos la violación generalizada de los derechos humanos que se está viviendo en Cuba. No es justo que el país sea rehén de la voluntad de unos cuantos, sin importar el sufrimiento, el agobio y la falta de esperanza con que vive la mayoría. Exigimos al gobierno de Miguel Díaz Canel y Manuel Marrero Cruz que ponga fin a la represión y que inicie las reformas profundas e integrales que los cubanos necesitan», afirmó el OCDH.
En total, en junio se produjeron 437 acciones represivas, de las cuales 161 han sido detenciones arbitrarias y 28 citaciones. El periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez, corresponsal en La Habana del diario español «ABC», y de «Diario de Cuba», permanece detenido y pendiente de juicio. Mientras, la activista Keilylli de la Mora Valle, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenida y condenada a seis meses de cárcel por los supuestos delitos de propagación de epidemia, desacato y desobediencia.
Al menos 16 de las acciones represivas tuvieron relación con el Decreto-Ley 370, que amenaza con multas y prisión a los activistas por sus publicaciones en internet.
