Madrid, 15 de diciembre de 2025
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) condenó este lunes la expulsión de Cuba del sacerdote católico mexicano José Ramírez, miembro de la Congregación de la Misión (Padres Paules), especialmente queridos en la isla por su dedicación a los más necesitados y excluidos.
La Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista de Cuba, dirigida por la represora Caridad Diego Bello, canceló el permiso de residencia al sacerdote, en represalia por tocar las campanas de un templo en La Habana, mientras los vecinos protestaban por los prolongados apagones la noche del lunes 8 de diciembre.
La expulsión ha causado desconcierto y tristeza en la parroquia, no sólo por la injusticia del acto represivo, sino porque José Ramírez, que ya regresó a México, era reconocido como un hombre solidario, en especial con los más pobres.
La decisión del régimen cubano coincide (y contrasta) con el recibimiento en La Habana al Arzobispo Santiago, exarca de la Metrópolis Ortodoxa Griega de México, Venezuela, Colombia y el Caribe, quien confirió a Fidel Castro la “réplica de la Orden de San Andrés”, la más alta distinción del Patriarcado Ecuménico.
Además de premiar al responsable directo de graves violaciones de derechos humanos, entre estos el de libertad religiosa, el arzobispo ortodoxo griego propuso celebrar en Cuba una “Conferencia Internacional sobre Libertad Religiosa” en 2026.
“Alertamos sobre la posible realización de este evento ‘fake’ sobre libertad religiosa, que los promotores pretenden dedicar al centenario de Fidel Castro. Ningún líder religioso, político o de cualquier naturaleza debería contribuir al blanqueamiento de la represión en Cuba”, afirmó el OCDH, que documentó en 2024 al menos 996 actos contra la libertad religiosa en la isla.
En el último informe del OCDH sobre libertad religiosa en Cuba (2023), basado en datos recogidos por toda la isla, el 68% de los entrevistados admitió conocer a alguien que profesa una religión y que ha sido acosado, reprimido, amenazado u obstaculizado en su vida diaria por motivos relacionados con su fe.
Además, más de la mitad de la población declaró que frecuentemente líderes o agrupaciones religiosas han sido impedidos de realizar su labor, al negarles o condicionar diversos permisos, especialmente aquellos que implican a los creyentes o a parte de la ciudadanía (como la construcción o reparación de templos, el propio culto y las procesiones, o los eventos en espacios públicos).
Un eslabón fundamental en la violación o limitación de estos derechos es la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista, señalada como tal por el 68% de los creyentes consultados.
