Madrid, 29 de agosto de 2019
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) pidió este jueves a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que «se pronuncie sobre el cuadro persistente de violaciones manifiestas a los derechos humanos en Cuba».
La denuncia se produjo mediante la interposición de una «acción urgente» contra la República de Cuba y su presidente Miguel Díaz-Canel, debido al allanamiento ilegal de morada, la ocupación ilegal de objetos personales, las detenciones arbitrarias y las amenazas a la integridad de activistas pacíficos que sufrieron miembros de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) el pasado 27 de agosto.
En un despliegue policial sin precedentes, que incluyó armas largas, se allanó de manera ilegal la vivienda de José Daniel Ferrer, sede de la Unión Patriótica de Cuba, en la provincia de Santiago de Cuba. Durante el allanamiento, los agentes represivos se apropiaron de bienes propiedad de sus moradores y de la organización.
Al mismo tiempo, cinco activistas fueron detenidos inmediatamente después, con la intención de detener su labor de información y denuncia de las condiciones de vida de la población. Entre los detenidos estuvo el propio líder del grupo, José Daniel Ferrer.
«A las seis y media de la mañana entraron, rompieron todas las puertas y nos pusieron contra la pared a todos los activistas que habíamos en la sede, empezaron a registrar todo, se llevaron televisores, mesas, sillas, todo lo que servía para ayudar al pueblo, se llevaron a cinco activistas», denunciaron los afectados, según el testimonio al que tuvo acceso el OCDH.
La «acción urgente» del organismo, con sede en Madrid, pide a Naciones Unidas que «exija que, de manera urgente, el gobierno cubano respete los estándares internacionales aplicables en materia de derechos y libertades».
Además, exige «una condena enérgica a todos los actos represivos que incluyen detenciones arbitrarias impulsados por el Gobierno de la República de Cuba en contra de activistas pacíficos» y el «cese inmediato de la violencia, los allanamientos de viviendas y las confiscaciones de propiedades de los activistas pacíficos y la devolución de los bienes».
En su denuncia, el OCDH constata que, «lejos de cualquier señal de cambio político, el Gobierno cubano en los últimos meses ha recrudecido e intensificado la represión en contra de activistas pacíficos cubanos».
