Las autoridades impidieron tomar vuelos hacia otros países a periodistas independientes y activistas, a pesar de tener en regla toda la documentación.
Al menos 207 detenciones arbitrarias se produjeron en Cuba durante el mes de mayo.
4 de junio de 2019
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció este martes en Madrid el recrudecimiento de las prohibiciones para entrar y salir del país, por parte de La Habana, en un intento por controlar aún más a la disidencia.
En las últimas semanas, el gobierno de Cuba ha prohibido salir del país a una veintena de activistas de derechos humanos y periodistas. Bajo el eufemismo de «estar regulados», las autoridades les impidieron tomar vuelos hacia otros países, a pesar de tener en regla toda la documentación.
Entre estos aparecen las periodistas independientes Inalkis Rodríguez, Iris Mariño, Sol García e Isel Arango (revista La Hora de Cuba), Luz Escobar (diario 14yMedio) y Yunia Figueredo Cruz (Diario de Cuba), y la activista Leticia Ramos Herrería (grupo Damas de Blanco).
En las últimas horas sufrieron similar violación María Elena Mir Marrero, Enix Berrio Sarda, Boris González Arenas, Fernando Palacio Mogar, Abdel Legrá y Alberto de la Nuez, todos de la Mesa de Unidad de Acción Democrática (MUAD), que se dirigían a eventos en Panamá y Colombia.
«El Decreto Ley 302 de 2012 debió significar el fin de las restricciones al derecho de entrar y salir de su país de los cubanos, pero no ha sido así. El gobierno cubano utiliza tretas jurídicas para el juego sucio, amparado en supuestos problemas de ‘defensa y seguridad nacional’, ‘razones de interés público’ y ‘protección de la información oficial’, entre otras. Todas significan que el gobierno decide arbitrariamente la entrada y la salida de los cubanos», explicó Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
En igual situación se encuentran los emigrados que desean entrar al país, pues el gobierno ha diseñado las normas no como un derecho de los ciudadanos, sino como una prerrogativa del Estado. De tal manera que el decreto 302 prohíbe regresar a su país natal a aquellos que hayan podido «organizar, estimular, realizar o participar en acciones hostiles contra los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado cubano», entre otros supuestos.
«O sea, todos aquellos que hayan sido ‘sancionados’ por ejercer derechos pacíficos, internacionalmente reconocidos, como las libertades de expresión, asociación y pensamiento, recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos», añadió González Raga.
El OCDH condena las actuaciones de las autoridades contra los miembros de la sociedad civil cubana. Una vez más expresa su más enérgica repulsa por la aplicación selectiva de una ley que fue creada por el Estado cubano no para garantizar un derecho, sino para restringirlo y utilizarlo discrecionalmente, con la finalidad de garantizarse colaboración y obediencia.
Por otra parte, y de forma general, en el mes de mayo se produjeron en Cuba al menos 207 detenciones arbitrarias contra opositores, periodistas independientes y activistas.
De acuerdo con los datos recopilados por la red de observadores del OCDH en la isla, las provincias más afectadas fueron La Habana, Matanzas y Villa Clara. Entre las organizaciones independientes más reprimidas estuvieron las Damas de Blanco, Foro Antitotalitario Unido, Movimiento Opositor por una Nueva República, Unión Patriótica de Cuba, además de periodistas independientes y activistas LGBTI.
