Expresas políticas cubanas: liberadas, pero no libres del daño estructural del sistema penitenciario
Las historias de mujeres como Angélica Garrido, Yunaiky de la Caridad Linares Rodríguez y otras ex prisioneras políticas cubanas, no son hechos aislados ni excepcionales. Constituyen un patrón sistemático de represión, tortura, negligencia médica y violencia institucional que deja secuelas físicas y psicológicas duraderas, incluso después de su excarcelación. Sus testimonios, lejos de representar simples anécdotas, son reflejo de una política estructurada de castigo y control que el régimen cubano sostiene por más de seis décadas.
Tras participar en las protestas del 11 de julio de 2021, las hermanas Angélica y María Cristina Garrido, entonces residentes de Quivicán, fueron arrestadas, golpeadas y condenadas por supuestos delitos como “atentado” y “desorden público”. Angélica cumplió tres años de prisión y fue liberada en julio de 2024, mientras que su hermana continúa encarcelada. Ambas fueron sometidas a aislamiento, golpizas y tortura psicológica por negarse a “reeducarse políticamente”.
Angélica sufrió una parálisis facial provocada por el estrés carcelario y describió su estadía como un entorno de constante humillación. “Nos quitaron la comida y el agua, nos colocaron en celdas inundadas”, denunció. En una ocasión, enferma de dengue, fue recluida en una celda sin agua, sin atención médica y con un baño lleno de gusanos. “Me desmayé varias veces, redacté un testamento porque creí que moriría”, recordó en una entrevista. Evidencia la deshumanización extrema que se emplea como castigo dentro del sistema penitenciario cubano.
Yunaiky de la Caridad Linares Rodríguez, arrestada también tras las protestas del 11J y condenada a 14 años (luego reducidos a 8), padeció violencia física, encierros prolongados, aislamiento, y graves negligencias médicas, pese a sufrir de asma, tiroides, problemas gástricos y renales, lo que la llevó a atentar contra su propia vida. Durante su encarcelamiento en El Guatao, fue golpeada, desnudada y encerrada en una celda de castigo por nueve días. En otro momento, cruzó una valla en protesta y sufrió represalias físicas y emocionales.
Liberada condicionalmente en febrero de 2025, su situación de salud actual es crítica. En palabras propias: “Ahora mismo, yo me encuentro bajo tratamiento psiquiátrico, producto de todo lo que he vivido en este tiempo, a todos los abusos…”. Toma medicamentos como amitriptilina y alprazolam, difíciles de conseguir en Cuba sin recursos económicos. Su condición médica continúa sin tratamiento adecuado, debido a la precariedad del sistema de salud y la persecución laboral de la Seguridad del Estado, que impide que consiga empleo y costee sus medicamentos.
La única vía para acceder a estos fármacos es a través de las MIPYMES, donde los precios son inalcanzables para la mayoría de los ciudadanos, más aún para quienes se encuentran marginados laboralmente.
Linares, a pesar de haber sido excarcelada, no ha salido verdaderamente del sistema punitivo. El acoso posterior a la prisión, la imposibilidad de reinsertarse laboralmente, la falta de atención médica y la vigilancia constante perpetúan la violencia que comenzó a vivir tras su arresto. El sistema no libera: traslada el castigo del encierro al espacio civil.
