Aniette González
La activista y comunicadora cubana Aniette González García fue arrestada en marzo de 2023 y cumple una condena de tres años de prisión, impuesta por el régimen cubano tras realizar una expresión artística considerada “ultraje a los símbolos patrios”. Su encarcelamiento fue calificado por organizaciones internacionales como arbitrario, desproporcionado y violatorio de derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión, la integridad física y el debido proceso.
La activista fue enviada inicialmente a la prisión de mujeres Kilo 5, en Camagüey, y posteriormente trasladada al campamento penitenciario El Anoncillo. Según denuncias al OCDH, Aniette ha sufrido condiciones carcelarias degradantes: humedad permanente en la celda, iluminación deficiente, alimentación insuficiente y en mal estado, interrogatorios nocturnos en salas frías, y hostigamiento verbal por parte de funcionarios, quienes la insultan con frases como “muñecona contrarrevolucionaria”.
González, con síndrome ginecológico, síndrome endocrino y pendiente de una operación por un mixedema de cuerdas vocales, presenta problemas ginecológicos que le provocan sangrado vaginal frecuente, y no ha recibido tratamiento médico adecuado. Tampoco se le permite descansar apropiadamente ni tener acceso regular a productos de higiene femenina.
El 6 de mayo de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares, al considerar que su integridad física y mental corre un “riesgo de daño irreparable”.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), solicitante de las medidas, fue notificado de la decisión. La CIDH advirtió que la activista se había encontrado en una situación de gravedad y urgencia, con riesgo de sufrir daños irreparables a su vida, integridad personal y salud, debido a las condiciones inhumanas de detención que enfrenta.
Asimismo, instó al Estado cubano a adoptar de inmediato medidas urgentes y específicas para proteger los derechos fundamentales de Aniette González García, especialmente su derecho a la vida, a la integridad personal y a la salud, todo ello con enfoque de género, de acuerdo con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
La Comisión solicitó que el régimen garantice que las condiciones de detención de la activista se adecuen a las normas mínimas internacionalmente aceptadas. En particular, enfatizó la necesidad de que se le brinde atención médica adecuada, comenzando por la realización de los diagnósticos correspondientes a los sangrados que vino padeciendo, y que se establezca un tratamiento médico efectivo que atienda su estado de salud actual.
