Lizandra Góngora Espinosa
Madre de cinco hijos y activista del 11 de julio de 2021 en Güira de Melena (Artemisa), es la mujer con la condena más severa tras esas protestas, cumpliendo 14 años de prisión por supuestos delitos de sabotaje, desorden público y atentado, según sentenció el Tribunal Municipal de Güira de Melena.
Desde su encarcelamiento, Lizandra es objeto de malos tratos dentro del penal, incluyendo la negación sistemática de atención médica, restricciones en las visitas familiares y medidas disciplinarias por hacer denuncias públicas.
Internada en el Centro Penitenciario Los Colonos, en la Isla de la Juventud desde abril de 2023 —a más de 160 km de su hogar—, Góngora denunció condiciones infrahumanas: alimentación inadecuada, humillaciones, amenazas y aislamiento como represalia política. Su esposo afirma que reclusas comunes, alentadas por las autoridades, la han amenazado con arma blanca sin que las funciones carcelarias intervinieran para protegerla.
En marzo de 2023 se le diagnosticó un fibroma uterino de 5 cm, condición que le provoca sangrados y dolor constante. Fue hospitalizada de urgencia, pero en el penal no existen medios para su atención especializada; su esposo Ángel Delgado denunció que “no hay personal ni recursos” para operar su condición médica. Espinosa sufrió una hemorragia provocada por un folículo ovárico roto. Aunque los médicos le advirtieron que “no fue peligroso”, sí exigía unos cuidados y reposo que el entorno carcelario no permite.
Según el testimonio de su esposo, Lizandra inicialmente fue atendida por personal médico del hospital. Posteriormente, fue examinada por una doctora militar en el penal. Esta médica la maltrató verbalmente, la humilló y le dirigió comentarios ofensivos, lo que causó en Lisandra un fuerte rechazo a continuar con cualquier tratamiento médico dentro de la prisión. Desde entonces, se ha negado a volver a ser atendida, por temor a nuevos abusos.
Su esposo denunció que el penal no ha gestionado nuevas consultas ni ha recibido ninguna otra evaluación ni tratamiento especializado, a pesar de que existen otros médicos disponibles en el sistema penitenciario: “¿Por qué tiene que ser específicamente una médica militar la que la atienda?”, cuestiona.
Delgado también explicó que los medicamentos que recibe su esposa no son provistos por el sistema penitenciario, sino que son llevados por él mismo. Se trata de analgésicos básicos como acetaminofén o ibuprofeno, útiles para aliviar el dolor, pero totalmente insuficientes para tratar el fibroma.
Desde su traslado, Lizandra solo puede comunicarse con su familia cada dos o tres semanas, y solo por llamada telefónica monitoreada. Las restricciones y la distancia agravaron el impacto emocional en ella y en sus hijos: uno comenzó a presentar convulsiones por estrés.
