Condiciones políticas, jurídicas y de salud de las presas políticas
Asimismo, se precisan casos concretos de mujeres que enfermaron gravemente bajo custodia estatal: desde infecciones ginecológicas no tratadas, crisis hipertensivas, trastornos psiquiátricos agravados por el encierro, hasta embarazos vividos en condiciones de insalubridad extrema. La negligencia médica en estos contextos no es un error aislado, sino parte de una lógica de castigo y control que pone en riesgo la vida de estas mujeres día tras día, para ello se plantea visibilizar esa realidad, dar nombre y rostro a quienes la viven.
Según reportes de familiares y entrevistas personales, se documentaron al menos 24 presas políticas enfermas, además del caso de Yoleisy Oviedo Rodríguez, quien falleció en prisión. De estas, cinco aún permanecen encarceladas con los siguientes diagnósticos: síndromes ginecológicos hemorrágicos, síndrome endocrino, hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, síndrome anémico y trastornos psiquiátricos. Tres de ellas tienen múltiples diagnósticos, y dos requieren intervenciones quirúrgicas que no han sido atendidas.
Encarceladas por ejercer su derecho a la libre expresión o participar en manifestaciones pacíficas, viven su reclusión en condiciones infrahumanas. Se reportaron casos de infecciones ginecológicas no tratadas, crisis hipertensivas, trastornos psiquiátricos agravados por el encierro y embarazos vividos en condiciones de insalubridad extrema. La negligencia médica en estos contextos no es un hecho aislado, sino parte de una lógica sistemática de castigo y control estatal.
Las cárceles de mujeres en Cuba son descritas como lugares donde «sobrevivir es un acto de resistencia». Las celdas sobrepobladas impiden una adecuada ventilación y limpieza, facilitando la propagación de infecciones como la sarna, los piojos y las enfermedades gastrointestinales. El acceso a productos básicos de higiene es limitado, y las reclusas denuncian tener que compartir o reutilizar productos íntimos. La alimentación es escasa y de baja calidad, sin consideraciones especiales para mujeres enfermas, operadas o lactantes.
Los procesos judiciales carecen de las mínimas garantías, y la mayoría de estas mujeres son sometidas a juicios sumarios, sin defensa adecuada, sin acceso a expedientes completos, sin derecho a presentar pruebas o testigos y en un marco de absoluta opacidad. Los cargos más frecuentes que se les imputan incluyen sedición, desórdenes públicos, desacato, atentado, instigación a delinquir, ultraje a los símbolos patrios y propagación de epidemias. Las penas impuestas oscilan entre los 5 y los 14 años de privación de libertad, con casos en que amplían por supuestas infracciones cometidas dentro de la prisión.
Las condiciones de reclusión son especialmente graves para estas mujeres. Se documentó violencia física y psicológica, castigos como aislamiento prolongado, requisas invasivas con desnudos forzados, suspensión del uso de papel para escribir, prohibición de comunicarse con familiares y represalias por denunciar sus condiciones. Algunas son objeto de hostigamiento constante, incluyendo amenazas, chantajes sexuales y provocaciones instigadas por parte de otras reclusas alentadas por agentes de la Seguridad del Estado.
