Violaciones de derechos humanos, institucionales y de identidad de género en las cárceles de Cuba
Mujeres Embarazadas y Madres en Prisión
Si estar en prisión en Cuba ya es, por sí solo, una experiencia que compromete la salud física y mental, la situación se vuelve aún más crítica cuando hablamos de mujeres embarazadas o madres recientes privadas de libertad. En estos casos, las condiciones carcelarias se convierten en una forma de violencia directa contra la maternidad.
Lisdany Rodríguez Isaac
La joven cubana encarcelada tras las protestas del 11J, fue recluida en la prisión de mujeres de Guamajal, en Santa Clara, en condiciones que pusieron en riesgo su vida y la del bebé que esperaba.
A finales de mayo de 2024, tras intensas denuncias públicas y presión de organizaciones de derechos humanos, la joven recibió una licencia extrapenal por un período de un año, debido al diagnóstico de un embarazo de alto riesgo. Según informes médicos, desde la semana 22 de gestación se le detectó placenta anterior baja (placenta previa).
Las condiciones dentro de la prisión estaban muy lejos de lo recomendado por los especialistas. Su madre denunció públicamente que la alimentación era extremadamente precaria: solo recibía un plato fuerte tres veces por semana, sin acceso a la dieta mínima que requiere una mujer gestante. Esta malnutrición provocó un descenso crítico de hemoglobina, agravando aún más su estado.
Pese a la indicación médica de guardar reposo absoluto, Lisdany no tuvo acceso a ese derecho básico dentro del penal. Se vio obligada a cargar agua diariamente, en una prisión que carece de servicios sanitarios suficientes y no garantiza el abastecimiento regular de necesidades básicas.
Una vez cumplido el período de licencia extrapenal, Rodríguez Isaac tuvo que regresar a la prisión para cumplir el resto de su condena, sin garantía alguna de condiciones mínimas de seguridad médica o apoyo postparto.
Liliana Oropesa Ferrer
Oropesa Ferrer fue detenida el 12 de julio de 2021, tras protestar el 11 de julio de 2021 con apenas 20 años. Acusada por los delitos de sedición y atentado, cargos que le valieron una petición fiscal inicial de hasta 19 años de prisión, fue trasladada al penal de mujeres El Guatao, en La Habana. En su juicio fue finalmente condenada a cinco años de privación de libertad, aunque su caso fue incluido en procesos de revisión tras denuncias nacionales e internacionales.
Durante su encarcelamiento estuvo embarazada y enfrentó un embarazo de alto riesgo, debido a complicaciones como anemia, infección urinaria, infección ginecológica y bajo peso. De acuerdo con denuncias recogidas por medios independientes, la joven fue sometida a aislamiento prolongado, y su familia reportó múltiples restricciones de comunicación y atención médica, incluso durante el embarazo. Su madre, Lisandra Ferrer, declaró que su hija vivía con miedo, ansiedad y sin acceso estable a atención obstétrica.
En mayo de 2023, luego de un proceso de casación, Liliana fue beneficiada con una licencia extrapenal temporal, alegando motivos de salud asociados a su embarazo y vulnerabilidad general, lo que le permitió salir temporalmente de prisión para dar a luz fuera del centro penitenciario. Posteriormente, fue incluida en las excarcelaciones de enero de 2025, siendo liberada bajo un régimen condicional, no un indulto, por lo que puede ser devuelta a prisión en cualquier momento si considera que ha violado las restricciones del régimen condicional.
