Desde hace más de seis décadas, Cuba mantiene un patrón sostenido de represión política. El rostro de las víctimas y de los opresores ha cambiado con el tiempo, pero su crudeza permanece intacta. Desde los primeros meses del régimen revolucionario liderado por Fidel Castro en 1959, muchas mujeres cubanas fueron detenidas por su oposición política, enfrentando largas penas de prisión, condiciones degradantes y, en muchos casos, el exilio forzado tras su liberación.
Durante los primeros años del castrismo, mujeres que participaron en movimientos opositores o que simplemente se negaron a aceptar la ideología del régimen, fueron encarceladas. Sus testimonios, aunque poco documentados oficialmente, se recogen en obras como Todo lo dieron por Cuba (1995), que da voz a una primera generación de expresas políticas. Ellas sufrieron amenazas a hijos, falta de atención médica, humillaciones y castigos físicos y psicológicos caracterizaron su experiencia carcelaria.
La «Primavera Negra» de 2003 marcó otro punto crítico, cuando 75 opositores fueron arrestados, incluyendo a la economista Martha Beatriz Roque Cabello, la única mujer del grupo, condenada por expresar públicamente sus opiniones sobre la situación del país. Inspiró el nacimiento de las Damas de Blanco, movimiento liderado por Laura Pollán Toledo y luego por Berta Soler, junto a integrantes como Dania Virgen García, periodista independiente, quienes enfrentaron actos de repudio, detenciones arbitrarias y una vigilancia constante por parte del aparato estatal.
Este patrón de represión contra las mujeres disidentes continuó en las décadas siguientes. Bajo los mandatos de Raúl Castro y, posteriormente, Miguel Díaz-Canel, las estrategias de control fueron adaptadas, pero el encarcelamiento por motivos políticos sigue siendo una realidad tangible.
Según un monitoreo basado en denuncias públicas, testimonios directos, entrevistas a familiares y monitoreos independientes, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) tenía registradas al cierre de 2024 cerca de 128 mujeres que fueron encarceladas por motivos políticos, de ellas 82 participantes en las manifestaciones del 11 de julio de 2021. A la fecha de este informe, al menos 63 siguen privadas de libertad.
