Lamentablemente el pasado año 2018 terminó con dos muertes de jóvenes camagüeyanos en celdas de detención del Ministerio del Interior, sin que las mismas hayan sido esclarecidas debidamente ante sus familiares y ante la comunidad.
La primera muerte ocurrió el 4 de septiembre de 2018 en una celda de detención de la Unidad de Operaciones de los delitos contra la seguridad del estado de Camagüey, situada en la Calle Cornelio Porro del Reparto Garrido, cuando Sandro Cepeda Benítez, de 39 años, se ahorcó con los pantalones que portaba, luego de dos semanas de detención por el delito de Actividad Económica Ilícita, sometido a continuos y prolongados interrogatorios bajo amenaza por los instructores penales de ser sancionado a largas penas privativas de libertad. Según informó un funcionario de la administración pública bajo la exigencia del anonimato, Sandro era carpintero de la Cooperativa de Créditos y Servicios 17 de mayo del Municipio Minas y se inició un proceso penal contra este y contra el Presidente de la Cooperativa llamado Juan Carlos, por lo cual se radicó el expediente de fase preparatoria 43/18 de la Unidad de Operaciones de la Seguridad. Añadió que es práctica frecuente que los instructores de la seguridad del estado procesen delitos comunes de drogas, tráfico de persona o delitos económicos complejos como era este. Continuó exponiendo la fuente que a Sandro se le practicó un registro en su domicilio-taller de carpintería donde se le ocupó algo más de 80 000 pesos en efectivo, así como muebles y máquinas herramientas de carpintería. Sobre las causas de la muerte expuso que existe una orden del Ministerio del Interior regulando que los detenidos deben estar en short o bermudas para impedir que puedan atentar contra su vida y que esta prohibición se violó en este caso. Apuntó además que Sandro era un muchacho noble que nunca había estado preso y que no supo manejar la presión de los constantes interrogatorios y se desequilibró mentalmente durante las dos semanas de detención.
Los familiares de Sandro se han negado a conceder entrevistas a la prensa independiente, pero por los vecinos se conoce que aún no han recibido respuesta de las autoridades sobre las causas de la muerte del carpintero ni se han encontrado culpables por negligencia de esta muerte. Su esposa subió a la red social facebook un conmovedor vídeo con los momentos felices de la pareja.
La segunda muerte ocurrió la noche del 7 de octubre del propio 2018 en la celda número 8 de la Segunda Estación de la Policía Nacional Revolucionaria ubicada en la Carretera Central Oeste esquina calle Cielo de esta ciudad de Camagüey. El joven de 36 años de edad, Michel Ramírez Acosta, fue detenido en estado de embriaguez y conducido a la Segunda Estación donde fue confinado a la celda 5 del recinto. Allí según refieren fuentes familiares que no quisieron ser reveladas, comenzó Michel a vociferar inconforme con su detención hasta que rompió en acto de rebeldía la tapa del inodoro de la celda, razón por la que fue trasladado a la celda No 8, o celda de castigo, por el carcelero Subteniente Geobel Pupo Pupo, el cual no lo requisó debidamente y no le retiró a Michel el cordón del fajín del short que portaba, de modo que poco antes de las 12 de la noche Michel en inútil acto de rebeldía se ahorcó con dicho cordón atado a la reja de la celda.
El entierro de Michel se convirtió en un acto de protesta al culpar familiares y vecinos a las autoridades por la muerte del joven que no presentaba enfermedad psiquiátrica alguna y su cadáver presentaba moretones en el rostro. Posteriormente el 12 de diciembre de 2018 se celebró un juicio militar en Camagüey en el cual fue sancionado el Subteniente Geobel Pupo Pupo a tres años de privación de libertad por el delito de Negligencia en el Servicio al incumplir la Orden 26/98 de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria y no efectuar un minucioso cacheo personal al detenido posibilitando que atentara contra su vida. No obstante, a este juicio sus familiares no están conformes con el proceder de la justicia cubana y consideran que el sancionado es un chivo expiatorio para encubrir el maltrato de los oficiales policiales a los detenidos.
Dos familias enlutadas piden justicia, la comunidad camagüeyana pide investigaciones transparentes y públicas.
Camagüey, 11 de enero de 2019
