Este jueves el diario oficial comunista Granma hace referencia a la publicación en la Gaceta Oficial de la Resolución Número 645 del 2017, del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), según la cual se actualiza los procedimientos financieros, de precios, tributarios y contables, aplicables en casos de desastres. En suma, el conjunto de actuaciones que el régimen castrista piensa poner en marcha para recuperar el destrozo ocasionado por Irma.
Ya se echaba en falta esta regulación. Un sistema político en el que lo sencillo se convierte en complejo y en el que la burocracia invade todos los espacios de la vida colectiva e individual de las personas, no se podía quedar atrás. Y van y publican la Resolución antes citada que se inscribe en esa línea de interferir en todo.
La norma, lejos de establecer unos mecanismos flexibles, ágiles, rápidos y eficientes para luchar contra la destrucción que nos ofrece la vista de las imágenes que llegan a diario de la isla, lo que pretende es, y cito textualmente a Granma, “perfeccionar lo regulado para hacer frente a las eventualidades que impactan en la población y toma en cuenta las estrategias aplicadas tras el paso de los huracanes Sandy y Matthew”, de triste recuerdo en la mayor parte de la sociedad cubana.
En definitiva, una regulación compleja (17 páginas de la Gaceta oficial, con modelos de impresos, solicitudes y demás majaderías burocráticas que acabarán provocando la exasperación de los afectados) para “proceder a la evaluación y certificación de daños, su contabilización; la determinación de los precios de los bienes y servicios que se oferten a los damnificados; la entrega de recursos financieros para cubrir los gastos que correspondan por los perjuicios; así como las adecuaciones tributarias que se precisen en estas circunstancias”. Una vez más, la obsesión controladora e interventora comunista que ha dominado la vida de los cubanos durante 58 años, acabará en lo mismo de siempre: en nada. Tiempo al tiempo.
En procesos traumáticos como los experimentados en Cuba tras el paso del ciclón Irma, hay que pensar en abierto, dejarse de disciplina y control y ponerse a trabajar. Cuanto más se intente organizar, programar, planificar y estructurar el desastre, peor será. La ayuda a los damnificados tiene que llegar rápido y de forma eficiente. Además, en momentos como estos, de grandes dificultades, hay que dejar que la respuesta y recuperación de la población, recaiga realmente en sus capacidades y apartar al estado intervencionista de los procesos.
En la norma castrista no es así, y en principio “son los presidentes de los consejos de administración provinciales (CAP) y municipales (CAM) o de los consejos de defensa a esos niveles, los responsables de asegurar la evaluación preliminar de los daños”. Hecha esta primera evaluación, tendrán que pasar 30 días después del desastre para que llegue lo que denominan “evaluación complementaria”. Dicho de otro modo, los cubanos que han visto como los techos de sus casas de van a bolina o que se cae alguna pared, o vaya usted a saber qué desgracia, tendrán que esperar un mes a que un burócrata acabe de firmar una evaluación preliminar con la aprobación de la certificación de la evaluación de los perjuicios, incluyendo la tasación, gastos y pérdidas, los precios y tarifas máximos para productos y servicios de impacto en la población, etc, etc. Y luego ¿qué?, volver a esperar. ¿Cuánto? Eso ya ni se sabe. Se lo pueden imaginar.
Se plantean en la norma bonificaciones a los damnificados para la adquisición de los bienes y otros beneficios que serán respaldadas por los presupuestos municipales, cuando corresponda. Un grave error, si se tiene en cuenta que esto va a suponer que los ayuntamientos, que son los únicos que tienen una situación saneada en la gestión de los ingresos y gastos públicos, van a incurrir en déficits cuya corrección será harto complicada, dada la situación de bancarrota del país.
De acuerdo con la solvencia económica, por primera vez los comunistas aceptan desigualdades en la sociedad cubana y las escriben en una norma, “los afectados pueden efectuar los pagos mediante bonificación, efectivo, crédito bancario, la combinación de estas modalidades o subsidio”, en definitiva, mayores complicaciones porque esos niveles de solvencia se tendrán que determinar, una tarea que no siempre resulta fácil.
También se han anunciado eliminaciones del pago de las cuotas tributarias, por un periodo de uno a tres meses a los trabajadores por cuenta propia (TCP) imposibilitados totalmente del ejercicio de sus actividades. Una decisión que siendo razonable, se nos antoja limitada en el tiempo y con escaso impacto sobre las cuentas de resultados. Seguramente, tendrán que aumentar los plazos.
Igualmente se prevén reducciones de las cuotas tributarias hasta un 50 %, por el mismo período de tiempo, siendo una vez más, los consejos populares y los consejos de defensa provinciales, los encargados de aplicar los beneficios fiscales y tributarios en los plazos establecidos. Estos mismos organismos se encargan de las oficinas de trámites (vivienda, trabajo, comercio, banco) y puntos de venta, donde se formularán los expedientes.
No deja de ser curioso que los cubanos no sean los que se encarguen de tramitar los expedientes de desastre, sino que las autoridades han fijado un procedimiento para ser ellas las encargadas. Así, en la zona de defensa se clasifica el tipo de afectación de las viviendas y se elabora una ficha técnica, por un especialista de esta área, que detalla los recursos que requiere el damnificado. Con ese documento, y solo con ese documento, la persona afectada entonces puede dirigirse a la oficina de trámites. Allí, con la documentación requerida (certifico, ficha técnica y carné de identidad) se establecen los datos del necesitado, el representante de comercio calcula el importe a pagar por los recursos, y el especialista del MFP define, con el damnificado, la forma de pago: efectivo, crédito o subsidio.
El proceso no acaba aquí, porque es el representante de trabajo del puesto de dirección de la zona de defensa quien valora el otorgamiento de subsidio y proceder con la propuesta al CAM, que, a su vez, lo somete a su aprobación en un término no mayor de 24 horas después de ser presentado porque si no es así, la persona no afectada no puede adquirir los materiales en el punto de venta.
Sinceramente, una obra de ingeniería burocrática que va a acabar exasperando a más de uno con tantas idas y venidas.
Al parecer, antes del paso del ciclón Sandy de triste recuerdo en Santiago de Cuba, la normativa para hacer frente a estos fenómenos eran muy dispersas. No deja de ser curioso que un país que viene sometido a los efectos devastadores de ciclones prácticamente todos los años, no haya hecho los deberes antes. Da igual. Ahora lo han hecho, y ya veremos qué resultado obtienen. Ese perfeccionamiento que dicen haber conseguido, puede darse la vuelta. Vamos a ver.
