El gobierno cubano continúa reprimiendo el disenso y castigando la crítica pública. Si bien en los últimos años ha recurrido con menos frecuencia a sentencias de prisión prolongadas para castigar a sus críticos, se han incrementado significativamente las detenciones arbitrarias por períodos breves de defensores de derechos humanos, periodistas independientes y otras personas. Otras tácticas represivas empleadas por el gobierno incluyen golpizas, la denigración pública y despidos.
Fidel Castro, quien gobernó Cuba desde 1959 y hasta que traspasó la presidencia a su hermano Raúl en 2006, falleció el 25 de noviembre en La Habana.
En marzo, el Presidente Barack Obama visitó Cuba y se reunió con el Presidente Raúl Castro y con representantes de la sociedad civil cubana. El Presidente Obama dio un discurso que se trasmitió por televisión a todo el país, celebró una conferencia de prensa con el Presidente Castro, instó al gobierno cubano a acabar con las restricciones a las libertades políticas y reiteró su pedido al Congreso de Estados Unidos de que pusiera fin al embargo económico sobre la isla.
Detenciones arbitrarias y encarcelamiento por períodos breves
El gobierno sigue llevando a cabo detenciones arbitrarias para hostigar e intimidar a críticos, activistas independientes, opositores políticos y otras personas. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional —una organización independiente de derechos humanos que no ha recibido autorización oficial y, por ese motivo, es considerada ilegal por el gobierno— recibió más de 7.900 denuncias de detenciones arbitrarias entre enero y agosto de 2016. Esta cifra representa el mayor promedio mensual de detenciones de los últimos seis años.
Los funcionarios de seguridad casi nunca presentan órdenes judiciales para justificar la detención de críticos. En algunos casos, los detenidos son liberados tras recibir advertencias oficiales, que luego los fiscales pueden utilizar durante procesos penales posteriores para demostrar que existe un patrón de conducta delictiva.
A menudo se realizan detenciones preventivas para evitar que personas participen en marchas pacíficas o en mitines políticos. Es común que los detenidos sufran golpizas, reciban amenazas y permanezcan incomunicados por horas o incluso días. Al igual que la Comisión Cubana de Derechos Humanos, las Damas de Blanco —una organización fundada por esposas, madres e hijas de presos políticos— no tienen autorización oficial y, por ende, son consideradas ilegales por el gobierno. Sus integrantes con frecuencia son hostigadas, maltratadas y detenidas por policías o agentes de seguridad del Estado antes y después de asistir a la misa de domingo.
En marzo, antes de la visita del Presidente Obama, la policía detuvo a más de 300 disidentes durante una ola represiva contra líderes de oposición.
Libertad de expresión
El gobierno controla prácticamente todos los medios de comunicación de Cuba y restringe el acceso a información proveniente del extranjero.
Unos pocos periodistas y blogueros que son independientes de los medios gubernamentales logran escribir artículos para páginas web o blogs, o publicar tuits. No obstante, el gobierno obstaculiza sistemáticamente el acceso a estas páginas web dentro de Cuba. A su vez, solamente una parte de la población cubana tiene posibilidad de leer páginas web y blogs independientes, debido al acceso limitado a Internet y a su elevado costo.
Los periodistas independientes que publican información que se considera crítica del gobierno suelen ser objeto de campañas de desprestigio y detenciones arbitrarias. Lo mismo sucede con los artistas y académicos que exigen mayores libertades.
Lazaro Yuri Valle Roca, un bloguero y videógrafo que a menudo informa sobre las manifestaciones dominicales de las Damas de Blanco, fue encarcelado durante cinco días tras intentar dar cobertura a una protesta el 20 de marzo, el día en que llegó a Cuba el Presidente Obama. Valle Roca fue detenido por policías, quienes luego lo golpearon y lo trasladaron hasta una dependencia cercana, según contó Aliuska Gómez García, una integrante de las Damas de Blanco que presenció la golpiza y la detención, y habló posteriormente con el Comité para la Protección de los Periodistas. Valle Roca fue acusado más tarde de haber agredido a un policía. Si bien en esa ocasión no se formularon cargos, le advirtieron que esto podía suceder si volvían a detenerlo en el futuro.
En mayo, el periodista Daniel Domínguez López fue detenido por policías en su oficina del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), luego de haber escrito un artículo sobre un caso de expropiación en el cual estaba implicado un miembro de la Policía Nacional Revolucionaria. Finalmente, fue trasladado por la policía a una “unidad de instrucción penal”, donde lo habrían amenazado con la posibilidad de encarcelarlo o matar a él y a su familia, según afirmó López. Los policías le advirtieron que dejara de distribuir su boletín, y le aseguraron que tenían la determinación de destruir el ICLEP.
En octubre, el reportero Maykel González Vivero del sitio de noticias Diario de Cuba fue detenido por policías mientras estaba cubriendo los daños provocados por el huracán Matthew. Tres días después, Elaine Díaz, directora del sitio de noticias independiente Periodismo del Barrio, fue detenida por policías junto a cuatro de sus colegas, mientras viajaban a Baracoa, en la parte oriental de Cuba, para informar sobre las consecuencias de la tormenta. Ella y su equipo fueron puestos en libertad pocas horas después, al igual que González, pero las autoridades habrían confiscado sus computadoras portátiles, cámaras fotográficas y otros equipos.
El gobierno también hostiga a artistas. El artista de grafitis Danilo Maldonado, conocido como “El Sexto”, fue detenido por policías durante una marcha liderada por el movimiento Damas de Blanco poco después de la visita del Presidente Obama en marzo de 2016, pero fue liberado al día siguiente. El día después de la muerte de Fidel Castro en noviembre, la policía detuvo nuevamente a Maldonado luego de que publicara un video en línea, en el cual se lo veía burlándose del fallecimiento de Castro y pintando con aerosol el mensaje “se fue” en un muro del centro de La Habana. La policía lo mantuvo incomunicado 72 horas, y le propinó una golpiza que le provocó un ataque de asma. Maldonado siguió detenido luego de que su madre le llevara un inhalador, y aún se encontraba en la misma situación cuando se redactó este documento, a inicios de diciembre. Dos años antes, Maldonado había sido acusado de “desacato a la autoridad” por intentar representar una actuación satírica con dos cerdos pintados con los nombres de “Raúl” y “Fidel”. Maldonado cumplió 10 meses de prisión.
Presos políticos
A pesar de la liberación de 53 presos políticos, y del acuerdo para normalizar las relaciones con Estados Unidos, organizaciones locales de derechos humanos indican que existen decenas de presos políticos en Cuba. El gobierno no permite que las prisiones del país sean visitadas por organizaciones independientes de derechos humanos, que creen que habría más presos políticos encarcelados, y cuyos casos no pueden documentar.
Los cubanos que critican al gobierno siguen expuestos a la amenaza de ser perseguidos penalmente. No se les reconocen las garantías de debido proceso, como el derecho a ser oídos en audiencias públicas y con las debidas garantías por un tribunal competente e imparcial. En la práctica, los tribunales están “subordinados” al poder ejecutivo y el legislativo, lo cual impide que exista una independencia judicial genuina.
Restricciones a la posibilidad de viajar
Las reformas a las reglamentaciones sobre viajes que entraron en vigor en enero de 2013 eliminaron la necesidad de solicitar una visa de salida para viajar fuera de la isla. Anteriormente las visas de salida se habían aplicado para negar el derecho a viajar a personas que tenían una postura crítica sobre el gobierno y a sus familiares. Desde entonces, muchas personas a quienes anteriormente se les había negado este permiso han podido viajar, incluidos defensores de derechos humanos y blogueros independientes.
Sin embargo, las reformas incluyen amplias facultades discrecionales que permiten al gobierno restringir el derecho a viajar por motivos de “defensa y seguridad nacional” u “otras razones de interés público”. Estas medidas han permitido que las autoridades impidan la salida de personas que expresan desacuerdos con el gobierno.
El gobierno restringe el desplazamiento de ciudadanos dentro de Cuba mediante la aplicación de una ley de 1997 conocida como Decreto 217, que tiene como propósito limitar la migración a La Habana. El decreto ha sido usado para hostigar a disidentes e impedir que personas de otras regiones de Cuba viajen a La Habana para asistir a reuniones.
Condiciones en centros de detención
Las prisiones del país están sobrepobladas. Los presos son obligados a trabajar jornadas de 12 horas, y reciben castigos si no cumplen las cuotas de producción preestablecidas, según indicaron ex presos políticos. No existe en la práctica un mecanismo a través del cual los internos puedan presentar reclamos por abusos. Aquellos que critican al gobierno, emprenden huelgas de hambre o recurren a otras formas de protesta son encarcelados en celdas de aislamiento durante extensos períodos y sufren golpizas y restricciones de visitas de familiares y se les niega la atención médica.
Si bien el gobierno permitió que miembros selectos de la prensa extranjera realizaran visitas supervisadas a algunas prisiones en abril de 2013, continúa negando que organizaciones internacionales de derechos humanos y organizaciones cubanas independientes accedan a sus cárceles.
Derechos laborales
Aunque actualizó su Código de Trabajo en 2014, Cuba sigue violando convenios de la Organización Internacional del Trabajo que ha ratificado, especialmente en materia de libertad de asociación, negociación colectiva, protección salarial y prohibición de trabajo forzado. Si bien técnicamente la legislación autoriza la formación de sindicatos independientes, en la práctica Cuba permite únicamente una confederación de sindicatos controlados por el Estado, la Central de Trabajadores de Cuba.
Defensores de derechos humanos
El gobierno cubano todavía se niega a reconocer la defensa de los derechos humanos como una actividad legítima, y niega estatus legal a organizaciones locales de derechos humanos. Es común que autoridades gubernamentales hostiguen, agredan y encarcelen a defensores de derechos humanos que intentan documentar abusos.
En septiembre, la sede de Cubalex, una organización que desde hace seis años investiga violaciones de derechos humanos y brinda asesoramiento legal gratuito a activistas de la libertad de expresión, migrantes y defensores de derechos humanos, fue allanada por la policía. Los policías confiscaron expedientes, obligaron a desnudarse y palparon a cuatro hombres y una mujer y detuvieron a dos abogados, uno de los cuales todavía estaba detenido cuando se preparó el presente informe.
Actores internacionales clave
En diciembre de 2014, el Presidente Obama anunció que Estados Unidos moderaría las restricciones a los viajes y al comercio impuestas décadas antes, y normalizaría las relaciones diplomáticas con Cuba. A cambio, el gobierno cubano liberó a 53 presos políticos y se comprometió a permitir visitas de veedores internacionales de derechos humanos. Aunque ambos gobiernos restablecieron las relaciones diplomáticas en julio de 2015, a la fecha de redacción de este informe, ningún veedor de derechos humanos había visitado Cuba.
En enero de 2015, el Presidente Obama instó al Congreso de Estados Unidos a levantar el embargo económico impuesto a la isla más de cuatro décadas antes. En octubre de 2016, eliminó algunas restricciones comerciales por decreto, incluido el tope máximo de USD 100 a la importación de dos productos típicos cubanos: cigarros y ron.
En septiembre de 2016, la Unión Europea aprobó un acuerdo con Cuba que afianzaría los lazos económicos y políticos y pondría fin a la “Posición Común sobre Cuba”, adoptada por la UE en 1996, que supedita la plena cooperación económica de la UE con Cuba a la transición del país hacia una democracia pluralista y el respeto de los derechos humanos. En octubre, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución —por 25.º año consecutivo— instando a Estados Unidos a concluir el embargo. Los únicos países que no votaron a favor fueron Estados Unidos e Israel, los cuales por primera vez se abstuvieron, en vez de votar en contra.
Como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de 2006 a 2012, y de 2014 hasta el presente, Cuba ha votado reiteradamente para que no prosperaran medidas que podrían permitir el seguimiento de graves violaciones de derechos humanos en distintas regiones del mundo, y se opuso a resoluciones que alertaban sobre abusos en Corea del Norte, Siria, Irán y Ucrania. Sin embargo, en junio de 2016 Cuba apoyó una resolución del Consejo que creó el puesto de experto independiente para la protección contra la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual y la identidad de género.
En octubre, Cuba fue reelegida para integrar el Consejo de Derechos Humanos durante el período 2017-2019.
