Informe de Amnistía Internacional

Informe de Amnistía Internacional

"Los últimos años han sido un periodo agridulce para quienes confían en que las autoridades suavicen su política de puño de hierro con el que opri

Elías Amor electo presidente de la Unión Liberal Cubana
Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia nuevo patrón represivo contra activistas y periodistas en la isla
Al menos 227 detenciones arbitrarias en Cuba durante el mes de abril

«Los últimos años han sido un periodo agridulce para quienes confían en que las autoridades suavicen su política de puño de hierro con el que oprimen el derecho de la gente a la libertad de expresión y de reunión en Cuba.»
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El Observatorio Cubano de Derechos Humanos da la bienvenida al Informe de Amnistía Internacional sobre derechos humanos laborales en Cuba

Ante la publicación del Informe de Amnistía Internacional con el título “Es una prisión mental. Cuba: mecanismos de control de la libre expresión y sus efectos intimidantes en la vida cotidiana”, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) no puede estar más que de acuerdo con su contenido, y agradecer a Amnistía Internacional que haya realizado esta exhaustiva investigación, documentando casos concretos, y que denuncie la situación actual de los cubanos que sufren acoso en el trabajo o son despedidos por consideraciones políticas o ideológicas.

Desde que se implantó el modelo totalitario de intervención estatal en la economía y la ausencia de derechos de propiedad, los cubanos perdieron todos sus derechos, entre ellos los laborales, mientras que el adoctrinamiento comunista y la propaganda se encargaron del resto.

En vez de enfrentarse a un poder dominado por las organizaciones de masas creadas por el régimen, los cubanos elegían abandonar el país. La represión laboral, siempre muy sutil, ha sido uno de los instrumentos de control social que mantiene un daño permanente sobre la población. Nadie escapa de ese control coercitivo, que es parte importante del aparato represivo.

El OCDH documentó 9.351 detenciones en 2016; mil arrestos más que en 2015. Y la tendencia sigue en aumento: entre enero y octubre de este año se han producido 4.359 detenciones de personas inocentes en cualquier ordenamiento legal internacional.

Junto a la represión política, la laboral, siendo menos evidente, adquiere una importancia destacada. El régimen castrista ha ratificado todos los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo; no obstante, en el Código Penal se establecen sanciones para todo aquello que constituya una amenaza para «el orden social, económico y político del Estado socialista».

El OCDH condena la práctica del uso del puesto de trabajo como arma represiva. Los trabajadores cubanos que lanzan comentarios que se tachan de inapropiados por el régimen castrista son reprimidos. Una práctica bastante habitual, por desgracia, que goza de gran aceptación entre los dirigentes políticos y empresariales del país. Es un rasgo propio del sistema político ideado por los hermanos Castro en Cuba. Su éxito radica, según señala el informe publicado por Amnistía Internacional, en que encierra a los cubanos en una “prisión mental” consistente en que los trabajadores sufren acoso o incluso son despedidos si cuestionan la vida en el país.

En el OCDH denunciamos que la presión que ejerce este modelo de represión sobre la población es causa de profunda insatisfacción con la vida y de asfixia en los asuntos personales, familiares y domésticos. Una de las formas más usuales del control consiste en lanzar advertencias al trabajador en el sentido que “si quieres mantener un empleo, tienes que estar de acuerdo con todo lo que diga el Gobierno». Esto supone estar callado y aguantar lo que el gobierno dice; incluso cuando esto suponga participar masivamente (todo el centro de trabajo) en manifestaciones de apoyo al propio régimen. En caso contrario, castigan, degradan o simplemente despiden inmediatamente al trabajador; y dadas las características estatales de la economía, y que el Estado es el principal empleador, no vuelve a trabajar más en Cuba.

El principal problema es que más del 72% de la población ocupada lo está en el sector público o estatal. El control absoluto del  derecho al trabajo por el régimen, pese a las reformas para el trabajo por cuenta propia, que igualmente está coartado y coaccionado (vía inspectores y presión fiscal) hace que en Cuba sea muy difícil hacer frente a la tensión en el ámbito de las relaciones laborales.

La acción represiva en el ámbito laboral se produce en distintas fases consecutivas. Al principio se hacen advertencias y llamadas al orden. Más adelante, en sus estudios, el OCDH ha denunciado las palizas y detenciones del gobierno contra los que defienden sus derechos. Tras las detenciones y juicios sumarísimos llega la prisión indefinida. Este ciclo se viene observando en numerosos casos detectados por Amnistía Internacional que observa como en muchos trabajos se siguen practicando actos de degradación similares a los llamados “juicios populares” del fervor revolucionario que acabaron con la vida laboral de miles de ciudadanos. En ocasiones, los directivos de las empresas estatales reciben amenazas del gobierno para que repriman a los trabajadores bajo sus órdenes, sin mediar causa.

Aquellos que ya no pueden más, planean la huida de Cuba. Los balseros, arriesgando su vida, fueron un ejemplo de la desesperación de muchos cubanos al verse atrapados en la cárcel castrista. Ahora no es fácil salir del país y ello aumenta la desesperación hacia el sistema.  Desde la abolición de la política de “pies secos, pies mojados”, la salida del país ha disminuido y el régimen aprovecha esta situación para hacer más difícil aún la vida cotidiana a los perseguidos.

El OCDH ve con especial preocupación que, en ausencia de tribunales independientes, cualquier denuncia de estas vejaciones o represión en el ámbito laboral, incluido el despido, no es factible. Además, la ausencia de sindicatos libres e independientes hace que todo sea mucho más difícil aún; la prueba es que estos casos, que Amnistía Internacional y el OCDH han documentado, no aparecen en los medios de comunicación, salvo en la prensa independiente, que igualmente es reprimida.

Es significativo que desde hace más de 30 años, la OIT ha venido mostrando su preocupación por la discriminación en el acceso al empleo basada en la opinión pública en Cuba. En una fecha tan lejana como 1989 este organismo ya denunciaba que “el acceso a la formación y al empleo, así como la evaluación de los trabajadores para la selección y ubicación laboral o para definir los méritos laborales dependen, entre otros factores, de la actitud política y de la militancia comunista”.

En sus informes posteriores, sobre todo a partir del año 2000, la OIT se refirió en varias ocasiones a las denuncias de trato discriminatorio y despidos de profesores universitarios, periodistas y catedráticos por motivos políticos e ideológicos. Esta tendencia ha continuado en los últimos años, y al parecer se continúa utilizando por el régimen para mantener a la población bajo control.

Amnistía Internacional pide al régimen que ponga fin a «las leyes y prácticas penales incompatibles con los derechos humanos y las normas internacionales» y que «deje de ejercer el poder que tienen sobre el sector laboral». En sus recomendaciones, la organización también solicita que los trabajadores no estén obligados a participar en actividades a favor del gobierno como sucede actualmente, ni ser castigados por no involucrarse en ellas, y que se permita la inscripción de sindicatos independientes.

Este es quizás un momento propicio para que, ahora que Raúl Castro ha destacado que piensa abandonar su cargo en febrero de 2018, Cuba, su gobierno y autoridades, comiencen un diálogo significativo sobre derechos humanos en general y laborales en particular, poniendo fin para siempre a prácticas como las denunciadas por Amnistía Internacional y el OCDH.