La situación de los derechos humanos en Cuba sigue siendo sumamente grave y se deteriora aún más a medida que la crisis general del régimen se profundiza. Es difícil encontrar un aspecto de la vida nacional, ya sea político, económico, social, religioso o cultural, en el que el ejercicio de los derechos no esté limitado, condicionado o prohibido.
La represión se extiende incluso a personas que no forman parte de grupos organizados de oposición y sociedad civil. Se extiende a ciudadanos que, de forma pública, critican en las redes sociales la situación socioeconómica asfixiante y la gestión ineficiente del régimen del partido comunista.
En la cárcel permanecen cientos de cubanos catalogados por diferentes organizaciones de defensa de los derechos humanos como prisioneros de conciencia o políticos. Los números de los encarcelados por estas causas en Cuba mantienen al régimen cubano como el de mayor cantidad de presos políticos en el hemisferio. Las cifras de presos políticos cubanos siguen siendo en su totalidad superiores incluso a la combinación de la de algunos de sus socios autoritarios de la región, como Venezuela y Nicaragua.
A nivel internacional, la reelección del gobierno cubano como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU), en septiembre de 2023, no tomó en cuenta el extenso historial represivo del régimen.
Una reelección cuestionada de manera implícita por el aumento de las críticas al régimen cubano durante el Examen Periodico Universal (EPU), en noviembre de 2023, y su correspondiente “pre-sesión”. Cabe destacar que entre los Estados que plantearon
señalamientos en el EPU -en forma de recomendaciones- estuvieron aliados actuales del régimen cubano. Este ejercicio, lo hemos interpretado como un intento, de una parte de la comunidad internacional, de poner una visión crítica -en lugar de los intereses políticos, económicos o ideológicos- en el centro del debate sobre los derechos humanos en Cuba. A pesar de ello, consideramos que la respuesta internacional sigue siendo insuficiente.
Como advertimos en el informe anual de 2022, el alcance de nuestra labor de documentación, denuncia y visibilización de casos y testimonios, aunque proporciona una visión objetiva de la realidad, está limitado por la extensión y profundidad de una situación que afecta cada vez a más personas. Responder a estas circunstancias representa el gran desafío de, además de documentar las acciones represivas principalmente contra la oposición y los activistas cívicos, escuchar y atender las crecientes demandas de la ciudadanía común, que en su mayoría permanece silenciada.
