*
El régimen cubano dio un nuevo paso en la persecución de la disidencia al “actualizar” una lista nacional de supuestos terroristas que incluye a opositores políticos, activistas e influencers que residen fuera del país.
Madrid, 19 de febrero de 2026
La situación de los derechos humanos en Cuba continuó deteriorándose en 2025 de manera sostenida, en un escenario atravesado por una crisis multidimensional que impactó directamente en la vida cotidiana de la población. La escasez, los apagones prolongados, el colapso de los servicios básicos y la ausencia de canales efectivos de participación cívica generaron un aumento del malestar social.
Lejos de responder a estas tensiones mediante reformas estructurales o mecanismos de diálogo, el régimen cubano recurrió de manera sistemática al uso de la represión como herramienta de control político y social, indica el Informe Anual del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).
Bajo el título “La represión interna y transnacional como respuesta a la crisis estructural en Cuba”, la ONG hizo hincapié en que en 2025 el régimen cubano dio un nuevo paso en la persecución de la disidencia al “actualizar” una lista nacional de supuestos terroristas que incluye a opositores políticos, activistas e influencers que residen fuera del país.
“Esta herramienta represiva (creada en 2023), presentada como un instrumento de seguridad, es utilizada para criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión y el activismo cívico, al equiparar el trabajo periodístico, la denuncia pública y la comunicación digital con actos de terrorismo”, afirmó el OCDH.
Como parte de la ofensiva transnacional del régimen contra cubanos, el medio de comunicación independiente elTOQUE, junto a varios de sus periodistas, directivos, colaboradores y excolaboradores, fueron objeto de una nueva campaña sostenida de criminalización, hostigamiento e intimidación, promovida desde estructuras estatales.
Como consecuencia, los periodistas y colaboradores expuestos enfrentan riesgos reales para su seguridad personal y familiar, afectaciones a su reputación, limitaciones a la movilidad internacional y un clima de intimidación permanente. La divulgación de datos sensibles y ubicaciones incrementó su vulnerabilidad frente a posibles agresiones de terceros, demostrando la extensión de la represión estatal cubana más allá de sus fronteras y el uso de amenazas judiciales y campañas de descrédito para silenciar voces críticas en el exilio.
Varios de los señalados habían salido de Cuba tras años de hostigamiento, vigilancia y restricciones dentro de la isla, prueba de la continuidad de la represión incluso una vez que las personas se encuentran en el exilio.
Otras modalidades represivas
A lo largo de 2025 se registraron detenciones arbitrarias, actos de violencia policial, muertes bajo custodia estatal, privación de libertad por motivos políticos, hostigamiento contra líderes religiosos, restricciones severas a la libertad de prensa y ataques continuos contra activistas, periodistas independientes, presos políticos, familiares y ciudadanos que ejercieron derechos fundamentales como la protesta pacífica, libertad de expresión o libertad de conciencia.
El informe documenta condiciones de reclusión que vulneran gravemente los estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo golpizas, torturas, negación de atención médica, aislamiento prolongado y prácticas que derivaron en graves afectaciones a la salud física y mental de las personas privadas de libertad, así como la muerte bajo custodia estatal.
Entre las formas de represión más recurrentes se mantuvieron las detenciones arbitrarias, retenciones ilegales en viviendas, interrogatorios policiales sin garantías legales, el acoso a familiares de personas encarceladas por motivos políticos y las campañas de difamación. En contextos de protesta o tensión social, se repitieron los cortes intencionales de servicios de internet y telefonía, confirmando la continuidad de una estrategia de aislamiento informativo ya documentada en 2024.
En términos cuantitativos, el OCDH registró 3.179 acciones represivas en 2025, una cifra que, si bien es inferior al documentado en 2024, no refleja una disminución real de la represión, sino que está asociada a factores estructurales como el vaciamiento progresivo del país, la emigración forzada de amplios sectores de la población y reducción del espacio cívico disponible para la protesta y participación pública. Pese a ello, los niveles de represión se mantuvieron elevados, con un promedio superior a ocho actos diarios.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) documentó 529 detenciones arbitrarias con un impacto mayor en las mujeres con 303 casos registrados (57,3%) y los hombres con 226 (42,7 %).
El régimen continuó utilizando la retención ilegal en viviendas como una modalidad recurrente de detención arbitraria. Al menos 740 fueron registradas este año, de ellos 367 fueron hombres (49,6 %) y 383 mujeres (51,8%).
Más de 800 presos políticos activos al cierre del año
La privación de libertad por motivos políticos continuó siendo una de las herramientas centrales del aparato represivo del Estado cubano, utilizándose no solo como sanción penal, sino como mecanismo de intimidación y disuasión colectiva.
Al momento de cierre del presente informe, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) tenía registrados al menos unos 800 presos políticos activos al cierre del año, la mayoría hombres. Del total de presos políticos registrados, al menos 107 ya se encontraban en fecha de cumplimiento de su sanción, sin haber sido excarcelados.
Las condiciones de reclusión continuaron siendo extremadamente precarias. A lo largo del año se documentaron casos de tortura física y psicológica, aislamiento prolongado, negación de atención médica adecuada, restricciones severas a la comunicación con familiares y la negativa sistemática a conceder beneficios penitenciarios.
En enero de 2025, el régimen cubano anunció la excarcelación gradual de 553 personas privadas de libertad, como resultado de un proceso de mediación del Vaticano. El OCDH pudo verificar 213 presos políticos excarcelados, muchos de ellos bajo condiciones de vigilancia permanente, restricciones de movilidad y amenazas, impidiendo que estas liberaciones representaran una solución real o duradera.
De manera particularmente alarmante, al menos seis de las personas excarceladas fueron posteriormente devueltas a prisión. Entre ellos, Jaime Alcides Firdó, José Daniel Ferrer García (después forzado al exilio), Donaida Pérez Paseiro, Félix Navarro, Marlon Brando Díaz Oliva y Adán Kiubel Castillo Echavarría.
Otros derechos bajo fuego
El régimen mantuvo un estricto control político sobre las comunidades religiosas. Las acciones represivas afectaron a iglesias independientes, líderes religiosos, laicos, presos políticos y familiares, ratificando que la libertad religiosa sigue subordinada a los intereses del poder político. A lo largo de 2025 se documentaron al menos 804 violaciones a la libertad religiosa en Cuba.
Durante el período analizado se registraron 96 violaciones a la libertad de prensa en Cuba, corroborando la existencia de un patrón sistemático y sostenido de persecución contra periodistas y comunicadores independientes. Las afectaciones documentadas incluyeron vigilancia constante, confiscación de equipos de trabajo, detenciones arbitrarias, restricciones migratorias, interrogatorios, amenazas directas y acoso a familiares, prácticas que buscan impedir la circulación de información no controlada por el Estado y reforzar un clima generalizado de autocensura.
En 2025, la situación de los derechos sociales en Cuba mostró un deterioro profundo, estructural y generalizado, con impactos directos sobre la dignidad y las condiciones de vida de la población. Los datos recopilados en el VIII Informe sobre El Estado de los Derechos Sociales en Cuba, a cargo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), confirman que esta crisis no responde a factores coyunturales, sino a un modelo de gestión estatal incapaz de garantizar derechos básicos como la alimentación, la salud, vivienda, trabajo digno, y acceso a servicios esenciales.
Los indicadores sociales revelaron un escenario de empobrecimiento masivo y pérdida sostenida de bienestar. El 89% de los hogares cubanos vive en condiciones de pobreza extrema, con ingresos insuficientes para cubrir el umbral mínimo de subsistencia, mientras que el 78% de la población expresó su deseo de emigrar o afirmó conocer a alguien cercano que quiere abandonar el país, reflejando una profunda crisis de expectativas y de confianza en el futuro.
