Se produjeron al menos 405 arrestos arbitrarios en el mes de febrero.
«Lo sucedido durante el proceso del referéndum demuestra que, ante las expresiones contestatarias y de descontento por la situación económica, el gobierno de Cuba opta por intensificar la represión y no por las reformas», denuncia el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Madrid, 2 de marzo de 2019
Al menos 405 detenciones arbitrarias se produjeron en Cuba en febrero, más del doble del mes anterior, como consecuencia de la represión gubernamental contra los activistas que promovieron el NO o la abstención en el referéndum constitucional, denunció el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), con sede en Madrid.
Además de los arrestos, la acción represiva incluyó allanamientos de viviendas, confiscaciones de materiales de trabajo, multas, retenciones en domicilios y episodios violentos contra activistas de derechos humanos y observadores electorales independientes.
De acuerdo con los datos recopilados por la red de observadores del OCDH en la isla, las provincias más afectadas fueron Santiago de Cuba, La Habana y Matanzas. Entre las organizaciones independientes más reprimidas estuvieron Unión Patriótica de Cuba, Damas de Blanco, Foro Antitotalitario Unido, Fundación Cubana por los Derechos LGBTI, Somos Más, Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, Frente de Resistencia Orlando Zapata Tamayo, Asociación Sindical Independiente de Cuba, Movimiento Opositor por una Nueva República, Observadores de Derechos Electorales y Asociación Cubana de Observadores Electorales entre otras.
«Responsabilizamos al gobierno de Miguel Díaz-Canel por la creciente represión contra los activistas independientes. Casi un año después de su designación al frente del país, se mantiene el cerco contra la sociedad civil. Lo sucedido durante el proceso del referéndum constitucional demuestra que, ante las expresiones contestatarias y de descontento por la situación económica, el gobierno de Cuba opta por intensificar la represión, y no por las reformas. La ola de citaciones policiales, incluso posterior al referéndum, reafirma la línea represiva del gobierno y evidencia la preocupación de La Habana por los resultados reales de la consulta constitucional», denunció Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
