Madrid, 27 de octubre de 2021
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció este miércoles las órdenes dadas por el gobierno de Cuba para que estudiantes y otros civiles repriman a manifestantes el próximo 15 de noviembre con palos y otros objetos contundentes.
«Hemos sido testigos de la peligrosa demostración de odio entre ciudadanos que promueve el gobierno, al orientar a las personas armarse con palos para reprimir a otros que decidan sumarse a la manifestación pacífica. Responsabilizamos a Miguel Díaz-Canel por el escenario de violencia que está generando con estas decisiones», denunció Alejandro González Raga, director ejecutivo del OCDH.
Debido a ello, el OCDH pide a gobiernos y organizaciones internacionales un seguimiento especial a las marchas pacíficas previstas en Cuba el próximo 15 de noviembre.
El organismo ha lanzado un mensaje urgente de alerta, dada la prohibición decretada por las autoridades, la voluntad de los convocantes de mantener la marcha y el peligro de que se repitan acciones violentas contra los manifestantes, como las vividos en julio pasado.
«El régimen cubano está amenazando a los convocantes y ya hay dos casos de expulsión de sus centros de trabajo. Posiblemente, se esté preparando para retener a los activistas en sus casas, como demuestran los 2.592 sitios de viviendas documentados en lo que va de año y para reprimir a los participantes. A esto se suma el ambiente de militarización total del país», advirtió González Raga.
En cualquier caso, agrega González Raga, «existe un peligro real para la integridad física de los convocantes, que ya han recibido citaciones amenazas, y para cualquier ciudadano participante».
Sobre las retenciones en las casas como patrón represivo
Desde los primeros meses de 2020, el OCDH alertó sobre un nuevo patrón represivo del gobierno cubano, el cual consiste en sitiar las residencias de los activistas para impedirles la salida de sus casas.
Según la organización, en estos casos se establece vigilancia policial comúnmente en las afueras de las residencias de los activistas. En algunos casos, existe una advertencia verbal previa por parte de un funcionario de la policía política, pero, en otros, el activista conoce de dicha retención al momento en que pretende salir de su casa.
En la mayoría de los casos son acciones aplicadas de facto, sin que medie una orden judicial.
Entre las personas que más retenciones han sufrido están la activista Iliana Hernandez, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler y las periodistas Camila Acosta y Luz Escobar.
