Sendos artículos publicados en Granma y Juventud Rebelde en el día de hoy abordan el nuevo marco de relaciones entre el régimen castrista y la Unión Europea, tras la entrada en vigor del denominado Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, de forma provisional el pasado 1 de noviembre de 2017.
Quizás sea bueno tener en cuenta, como punto de partida, que el proceso revolucionario castrista nunca tuvo el menor interés de establecer relaciones con la UE en el largo período que media entre 1959 y 1988, cuando se dieron los primeros pasos. En aquellos años la Comunidad Económica Europea, antecedente de la UE (su creación data de 1957) era objeto de no pocas críticas del bloque soviético en el que se integraba el régimen castrista, en un clima de guerra fría. La entrada de España en la CEE se produjo en 1986, sin embargo, en La Habana, donde existía una estrecha dependencia de la URSS, la CEE era un asunto de escasa relevancia e interés, como máximo, una institución más al servicio del capitalismo internacional.
Sin embargo, tras el derrumbe del muro de Berlín y la desaparición del modelo soviético y el final de la “guerra fría”, en La Habana se encendieron las luces de alarma. Acostumbrados a una financiación procedente del exterior,condicionada a la dependencia ideológica y política, la necesidad de ser más competitivos y vender en el exterior, dejó a los dirigentes de la economía castrista paralizados. El “período especial” fue el preludio que confirmó que el modelo ni funcionaba ni iba a funcionar, y que se hacía necesario desandar buena parte de lo avanzado. Aquella frase acuñada por Fidel Castro, “patrás ni pá coger impulso” se atragantó a más de uno.
Por eso no es extraño que los primeros contactos entre Cuba y la Comunidad Europea comenzaran en 1988 casi tres décadas después de la llegada de los revolucionarios a La Habana y la institucionalización del régimen prosoviético de guerra fría en la isla. Las tribulaciones del “período especial” se alargaron durante casi un lustro en el que la economía cubana perdió más del 30% del PIB, con un notable deterioro de los niveles de vida y una urgente necesidad de financiación. Situación dramática que se pudo recuperar tras la irrupción del chavismo en Venezuela, que pasó a convertirse en el nuevo financiero exterior de la Isla.
Sin embargo, la clase política en La Habana no deseaba pasar por otro período tan complicado que pudiera acabar en un desenlace violento del régimen instaurado por los Castro, y decidió, muy en contra de sus principios, iniciar la negociación con Europa. Sin acceso a los mercados de capitales internacionales por la escasa o nula solvencia, el régimen solo podía financiarse con préstamos sindicados de inversores internacionales, como el Club de París, del que formaban parte países de la UE. Además, la concentración de inversiones y negocios con empresas españolas, italianas, holandesas, al margen de las consideraciones relativas al embargo o bloqueo de EEUU, implicaba redefinir las condiciones del diálogo.
Sin embargo, a partir de 1996, con el gobierno del PP en España, la Posición Común Europea trató de fijar la primera estrategia coordinada de la Unión en las relaciones con el régimen castrista. Era un planteamiento democrático basado en el respeto a la pluralidad, las libertades y los derechos humanos, que establecía condiciones concretas para el diálogo basadas en el respeto por parte del régimen a los ciudadanos cubanos, ni más ni menos que lo que hacen los países de la Unión Europea con los suyos. Básicamente respetar y dar contenido al credo fundacional europeo.
Al castrismo no le gustó este modelo de relaciones, porque dejaba en evidencia su peor rostro a nivel internacional, pero al mismo tiempo, más evidente, conforme la represión contra disidentes iba en aumento en la isla. Aquel proceso en el que se produjeron importantes iniciativas de la sociedad civil cubana amparadas por la implementación de la Posición Común europea, acabó de forma violenta e inesperada, con la ola de detenciones de la “primavera negra de 2003” a personas que simplemente disentían de la línea oficial del régimen, lo que supuso la consolidación del movimiento de las Damas de Blanco. En Europa estos acontecimientos eran seguidos con atención y el liderazgo de España en las relaciones con el régimen comunista era fundamental.
Las sanciones acordadas por la Unión Europea en aquel mismo año contra el régimen fueron una respuesta coherente, valiente e integrada de las democracias más importantes del mundo contra un poder político que mostraba su peor rostro, con detenciones, juicios sumarísimos y condenas de prisión a los disidentes detenidos sin atender a los reclamos de las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos.
Estando así las cosas, en España el PP perdía las elecciones de 2004, y el PSOE con Rodríguez Zapatero al frente del nuevo gobierno, y Moratinos en el ministerio de exteriores, planearon una nueva iniciativa política para acabar con la herencia de Aznar que seguía teniendo apoyos muy importantes en la Unión Europea, sobre todo entre los antiguos países comunistas del Este y en Reino Unido o los países escandinavos, sensibles hacia la democracia y las libertades. Pero Moratinos se salía con la suya, y en 2008, sin apenas concesiones del régimen castrista, se eliminaban de forma unilateral las sanciones y se daba inicio a un proceso de diálogo en el que Raúl Castro, asentado en el poder, pretendía jugar un papel fundamental.
Casi diez años después, un comunicado de prensa del ministerio de relaciones exteriores castrista, señalaba “que los lazos entre Bruselas y La Habana alcanzaron una mejor correspondencia con el nivel de los vínculos de Cuba con los Estados que integran el bloque comunitario, los cuales experimentaron un avance significativo en los últimos años”.
Tras años de negociaciones y de tiras y afloja, el 12 de diciembre del 2016 fue firmado en Bruselas el pacto destinado a reforzar la cooperación en diversos ámbitos entre Cuba y la comunidad política de derecho. Un aval del régimen ante Naciones Unidas y un apoyo frente a la comunidad internacional. Gracias a este pacto, la comisaria Federica Mogherini, tuvo un protagonismo fundamental, convirtiéndose en heredera directa de la política iniciada por el canciller Moratinos, destinada a crear “un marco legal para formalizar el diálogo político entre las dos partes, acabar con la Posición Común, y evitar cualquier exigencia al régimen cubano, al que se definió, de manera alarmante, como “democracia de partido único”.
En el Observatorio Cubano de Derechos Humanos consideramos que la Unión Europea y el régimen castrista acuerden o pacten no es lo correcto, cuando se deja fuera a la mayor parte de la población cubana que no tiene capacidad para participar en los asuntos públicos de su país, de forma democrática, plural y libre. Sin embargo, la derivada más preocupante de este acuerdo es la propaganda que se empieza a difundir en los medios controlados por el régimen castrista sobre un eventual enfrentamiento entre la Unión Europea y Estados Unidos por las relaciones con Cuba. Incluso algún medio habla de “distanciamiento entre la Unión Europea y el tío Sam”, cito textualmente.
Es posible que este tipo de mensajes tengan algún sentido dentro de Cuba, pero carecen de fundamento a nivel internacional y se pueden calificar de irresponsables. Como lo es igualmente identificar, de manera torticera, a quiénes “no quieren a Cuba” con los que defienden para la isla un marco político de instituciones democráticas y plurales, como las que existen en los países de la Unión Europea. Son precisamente quienes defienden estas posiciones, los que creen que Cuba y los cubanos no tienen por que continuar siendo una excepción a nivel internacional y que ha llegado la hora de un retorno a las instituciones democráticas y libres.
En todo caso, en el Observatorio Cubano de Derechos Humanos creemos que el hecho que la Unión Europea mantenga relaciones con el régimen castrista es un ejemplo que debería servir a muchos dentro de Cuba para comprobar como, en la democracia, las posiciones ideológicas mas dispares caben dentro del espacio plural, tienen sentido, se respetan, se negocia y se acuerda. En la ortodoxia comunista del régimen cubano, un acuerdo similar sería impensable. Básicamente porque las posiciones que confrontan la ideología comunista son perseguidas y reprimidas por el régimen. Que tomen buena nota de ello en la isla.
Que la Unión Europea apueste por el diálogo, mientras que el presidente Trump deja atrás el paradigma de su antecesor Obama, y exija al régimen un respeto a las libertades democráticas y los derechos humanos, es algo que llama la atención en La Habana, pero que en el entorno libre occidental se presenta en numerosas ocasiones. Por supuesto que para la causa democrática de Cuba sería deseable una convergencia en las posiciones de los países para lograr que la isla evolucione hacia la democracia y el estado de derecho, pero incluso si ello no fuera posible, habría que seguir avanzando y luchando para lograr la democracia para Cuba.
La alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, pretende iniciar una nueva era en las relaciones “para generar nuevos espacios”, pero en el Observatorio nos hemos preguntado ¿Espacios de qué? ¿De negocios, de inversiones, de turismo, de comercio y exportaciones? Esos espacios ya existen y se encuentran ampliamente consolidados y bajo control del régimen que impide que los inversores en Cuba puedan hacerlo libremente como ocurre en cualquier otro país del mundo. ¿De qué espacios habla la comisaria europea?
Si realmente la Unión Europea quisiera acompañar a Cuba en su proceso, necesario e imprescindible, lo que en el Observatorio consideramos necesario y urgente, de transformación hacia la democracia y las libertades, no debería hacer regalo alguno a los que vienen gobernando la isla desde 1959, sin aceptar que su tiempo ha llegado a su fin. Que es necesario que los cubanos, libremente y con la máxima transparencia y pluralidad democrática puedan elegir qué organización u organizaciones quieren al frente de los destinos de la nación. No basta con ajustes parciales, mal definidos e implementados, en la gestión económica, que además nadie negocia con la sociedad. Con ello, no se puede avanzar, y en cualquier momento, el prestigio internacional de la Unión Europea puede quedar comprometido.
Mientras que en Cuba a los defensores de los derechos humanos, se les califique como “manipuladores de la razón” que sirve de “plastilina política”, la Unión Europea debería tener mucho cuidado con los interlocutores en cualquier proceso de diálogo. El desprecio que existe en la dirigencia política castrista hacia la democracia, el estado de derecho y las libertades públicas, supone un escenario completamente distinto al que impera en los países de la Unión. En algún momento, esas contradicciones van a aparecer. Y será entonces, cuando muchos se preguntarán ¿a qué ha ido Mogherini a la Habana?
Para el régimen es necesaria la financiación europea. Eso es incuestionable. Bien por medio del comercio, las inversiones o la ayuda al desarrollo. En el Observatorio Cubano de Derechos Humanos consideramos que cuando se trata de defender la democracia, la libertad y los derechos de las personas, esa dependencia que puede surgir debe suponer una contrapartida democrática y de libertades por parte del régimen. Los intereses económicos de la Unión en América Latina no requieren de colaboración alguna de quién se encuentra cada vez más aislado en la región, ante el giro de 180º en los electorados de los principales países y la crisis estructural del chavismo que pone fin al llamado socialismo del siglo XXI. Cuba lo que necesita, por el bien de todos los cubanos, son cambios reales en el sistema político que permitan situar a la nación en el marco de la sociedad occidental y la globalización del que nunca debió ser excluida por motivos ideológicos. ¿Será capaz de conseguir este objetivo la señora Mogherini?
