Domingo , 23 Abril 2017
En el 65 Aniversario de la Declaración Universal de los DD.HH.

En el 65 Aniversario de la Declaración Universal de los DD.HH.

Ante todo quiero agradecer a  la Junta Municipal de Hortaleza  por la celebración  de este acto, que nos da la posibilidad  de hablar de Cuba  y de Derechos Humanos precisamente hoy  10 de diciembre, fecha en la que conmemoramos el sexagésimo quinto aniversario de la proclamación de la Declaración Universal

Debo decir sin chovinismo alguno, que Cuba estuvo entre los países que  solicitaron   a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1945, que  encomendara al Consejo Económico y Social la tarea de confeccionar el documento base de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Cuba fue ponente de la primera Declaración de los Derechos del Hombre, aprobada por los países latinoamericanos miembros  de la OEA, en Bogotá, Colombia, el 2 de mayo de 1948. Guy Pérez-Cisneros,  Delegado cubano  y Relator del documento, lo presentó en la ONU para que sirviera de base a la Declaración Universal; y este fue uno de los documentos que inspiró las labores de la Tercera Comisión, que definitivamente dejó establecido el texto.

También hay  un aporte  Cubano a la forma definitiva del tercer  considerando que expresa que es  “esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”. Quedando así  impregnado en el texto final de la Declaración el espíritu del  artículo 40 de la Constitución Cubana,  que confería  a los ciudadanos el derecho de resistencia adecuada contra tales desmanes.

Hay que señalar que aquella  Constitución  de 1940 fue considerada entonces una de las más avanzadas del mundo.

En contraposición con esta activa y sustancial actuación, que colocó a nuestro país  a la  vanguardia en la lucha por el establecimiento de un orden universal de Derecho,  hoy nuestro país ostenta  los peores registros de su historia y los peores resultados de la región en materia de DD.HH.

La propia Constitución cubana contiene en su articulado prohibiciones a las libertades de reunión, de asociación, de  opinión y  expresión. Por ejemplo, su artículo 62 expresa lo siguiente, cito: “Ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. La infracción de este principio es punible”, fin de la cita.

Evidentemente estamos ante un condicionamiento ideológico al ejercicio de los Derechos  Humanos, siendo estos, como todos sabemos, anteriores a toda ideología.

Así mismo, el propio texto garantiza la supremacía de un grupo de cubanos sobre el resto de los ciudadanos. Es el caso del artículo 5, que expresa:  “el Partido Comunista de Cuba, martiano y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista”.  Este artículo excluye de manera inequívoca la participación de otras fuerzas políticas del país.

En este perfil totalitario entra también el artículo 7, que  acota el espacio de participación  de la sociedad civil instituyendo que: El Estado socialista cubano reconoce y estimula a las organizaciones de masas y sociales surgidas en el proceso histórico de las luchas de nuestro pueblo, que agrupan en su seno a distintos sectores de la población, representan sus intereses específicos y los incorporan a las tareas de la edificación, consolidación y defensa de la sociedad socialista.

Es decir, todo el aparato legal cubano está condicionado a la construcción de la  sociedad socialista. Lo que vemos en la Constitución se repite en otras normas. El problema es que esto no ha sido letra muerta.  Durante más de cinco  décadas en nombre de esos artículos, y en su aplicación sostenida, se le ha provocado mucho sufrimiento a millones de cubanos.

Solo  un par de datos más… Al comienzo del llamado proceso revolucionario existían  en Cuba, para una población de aproximadamente seis millones de habitantes, unas 14 prisiones; o sea: una cárcel por cada 429 mil habitantes. En la actualidad existen en la isla aproximadamente 200 prisiones para una población de algo más de 11 millones; lo que es igual a una cárcel por cada 55 mil habitantes. Este es el resultado del experimento social conocido como la construcción  del hombre nuevo.

Queridos amigos y amigas, en los últimos años hemos visto crecer el espejismo que supone admitir que  las cosas están cambiando en la isla. Este planteamiento se ha  fundamentado de manera casi exclusiva  en las limitadas medidas económicas y migratorias del gobierno cubano, sin mostrar el más mismo  interés por la realidad sociopolítica o por la imperiosa necesidad de una reforma que permita el ejercicio de las libertades.

Esta inercia está  estableciendo que comience a  aceptarse  de manera acrítica e impasible la represión, dado el carácter recurrente de la misma.

La paradoja cubana persiste en el tiempo porque entonces como ahora hemos aceptado con pasmosa naturalidad que el ejercicio y garantía de unos derechos podían ir en detrimento de otros.  Por ejemplo, a cambio de “regalarnos” educación cedimos el derecho a escoger qué educación preferíamos  para nuestros hijos;  a cambio de un nivel aceptable de sanidad pública entregamos nuestra obediencia; a cambio de una cartilla de racionamiento y unos cuantos subsidios más, entregamos nuestra libre iniciativa económica.

Estamos ahora en el momento en que “el estado paternalista”, enfrentado  a la realidad,  abandona los principios fundamentales de su programa político, como  la atención a las necesidades básicas de la población, a la vez  que sigue siendo el Gran Hermano  de siempre, que todo lo ve y que es capaz de reprimir en cualquier momento.

Hoy,  55 años después, los cubanos  no tenemos  ni servicios de calidad, ni derechos.

Finalmente,  debemos preguntarnos, desde este barrio madrileño, ¿qué papel debe jugar la sociedad española en la defensa de los derechos humanos en Cuba?

Es difícil decirle a alguien lo que tiene que hacer, por ello humildemente creo que el mejor aporte que pueden hacernos a los cubanos es denunciar todo aquello que en la  sociedad española sería inadmisible,  y defender para los cubanos todo aquello que consideran  bueno y   valoran  para esta sociedad.

Es cierto que los cubanos tendremos que ser los protagonistas de nuestros cambios y que las injerencias paternalistas suelen ser nefastas, pero en materia de derechos humanos, cuya observancia es universal, las sociedades occidentales tienen el deber moral de no dejar desamparados a quienes sufren por querer ejercerlos.  Y en este reto, la sociedad civil española, que supo construir su  democracia, tiene  un empuje moral inmenso.

Muchas gracias.

 

Palabras de Alejandro González Raga, Director ejecutivo del Observatorio cubano de Derechos Humanos, en el acto por el 65 Aniv. de la Declaración Universal de los DD.HH., organizado por el Distrito de Hortaleza, Madrid.


 

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