La discriminación política continúa siendo, luego de 60 años en el poder, la práctica de la dictadura estalinista cubana para violar todos los derechos humanos en Cuba. Todo ciudadano/a es “opositor al régimen político cubano” cuando reclama algún derecho, sea al agua potable, el derecho a una alimentación adecuada, el derecho a la información, el derecho a una vivienda digna, el derecho a un transporte público decente, el derecho a desplazarse libremente en el territorio, el derecho a salir y entrar al país, el derecho a un salario digno, el derecho a la propiedad privada y cooperativa, el derecho a tener educación y salud de calidad, el derecho a cuestionar la política ambiental del gobierno o el derecho de intelectuales y artistas a crear y comercializar su arte sin interferencias del estado. Estamos también demonizados, por el poder cubano, todos los que defendemos el derecho a cambiar el régimen político y económico que nos mantiene en la pobreza abundante y la impunidad represiva del MININT y la PNR[1].
Los órganos represivos cubanos están bajo el mando del PCC y por lo tanto todo su accionar están respaldados por el gobierno cubano de turno, sea del dictador Fidel Castro, Raúl Castro o el designado presidente Díaz Canel. En la Isla no es posible deslindar las responsabilidades de ningún ministerio y las órdenes del PCC cubano. Esto es la unidad de poderes que el régimen defiende como “unidad nacional”. La condescendencia internacional con la dictadura cubana en especial del Parlamento europeo —“democracia de partido único”— y el sistema estalinista cubano ha prolongado el calvario de la violación de todos los derechos humanos en Cuba.
En otras palabras, protestar por la falta de medicamentos o la ausencia de transporte público, o pedir que el monopolio ETECSA baje los precios de acceso a Internet convierte a cada ciudadano en “opositor al régimen”: esta es la orientación del partido y sus voceros y la práctica de los órganos represivos del Estado. Sí, el régimen político cubano de dictadura estalinista totalitaria ha sido tratado con demasiada condescendencia por la comunidad internacional. Salvo la OEA y EEUU, el resto de la comunidad internacional opta por el silencio o evitan a toda costa nombrar a Cuba como un Estado totalitario o como una dictadura totalitaria.
La Nueva Constitución violada
En los Fundamentos políticos de la Constitución cubana, los artículos 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14 y 15 son violados por el MININT y la PNR de manera cotidiana y con total impunidad. Estos órganos represivos no respetan el estado de derecho, no consideran al ciudadano como el soberano, no se atienen a la ley, no respetan los derechos individuales, y sancionan a los religiosos que no acepten la política del PCC, la discrepancia se considera “traición a la patria” y les deja abierta la represión a todo el que piense distinto al PCC.
Las leyes cubanas están escritas a media lengua, con lenguaje farragoso, críptico, es decir, son balbuceantes e imprecisas para definir los derechos, pero una vez que aparece la palabra “Estado socialista de derecho”, tiene que existir alguna correspondencia con la realidad, de lo contrario es letra muerta. ¿Qué es traición a la patria? ¿Qué significa que el ciudadano es el soberano? ¿Qué es un Estado socialista de derecho? No lo encontrará definido en la Constitución por los “expertos juristas” que la redactaron, y que, por mediocridad profesional y “lealtad” al régimen, esconden la realidad y son cómplices de la impunidad de los órganos represivos del Estado. Los “expertos-funcionarios públicos cubanos” no son inocentes de estas arbitrariedades sino cómplices conscientes.
Los derechos
En el título V, Derechos, Deberes y Garantías, el MININT y la PNR violan los artículos 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64 y el 73.Con el sesgo político de que todo discrepante es “enemigo del poder del Estado” los ciudadanos, mujeres u hombres que discrepan se convierten en no personas, vulnerables a ser secuestrados sin orden de detención y sin presentación de la autoridad que lo arresta, con fuerza, y en cualquier momento del día, a ser encarcelados con causas inventadas por la policía política, son sometidos a allanamientos de vivienda sin orden reglamentaria, a ser robados en sus pertenencias personales e instrumentos de trabajo por la autoridad, sometidos a no tener contacto inmediato con la familia, a estar desaparecidos por varios días sin que la autoridad de fe de vida del arrestado, a ser golpeados sin que la autoridad responda por su abuso de poder: la dignidad humana y el respeto a la integridad física, psicológica y moral de los ciudadanos es permanentemente violada por estas dos organizaciones represivas del estado cubano. El despido laboral por discriminación política y estudiantil, por las mismas razones, son violaciones impunes en Cuba. El respeto al derecho de autor está sujeto a las arbitrariedades de los parasitarios funcionarios públicos de la cultura, hoy todopoderosos, fijado en varios decretos leyes recientes.
Las garantías de los derechos
En el título VI dedicado a enumerar las garantías a los derechos, el MININT y la PNR violan los artículos 92, 94 y sus ocho incisos, artículo 95 y sus nueve incisos, 96, 97, 98, 99 y 100. Los arrestados no tienen derecho a un abogado elegido o de oficio desde el inicio del arresto, no pueden presentar habeas corpus personalmente frente a un arresto arbitrario, y si se encuentran desaparecidos no pueden pedir ayuda a amigos y familiares para interponer un habeas corpus. Los tribunales no tutelan ni garantizan el debido proceso, atravesados por la policía política que dispone para los discrepantes desde testigos hasta la codificación de las causas penales. Todos los discrepantes no pueden presumir del principio de inocencia frente a un delito: son culpables ideológicos y políticos, y por lo tanto no personas. Los activistas de derechos humanos, miembros de la sociedad civil independiente al PCC, los periodistas independientes, los intelectuales y artistas y hasta los emprendedores son atropellados en sus derechos diariamente en Cuba por el MININT y la PNR con total impunidad y estos represores insisten, además, en no dejar huella escrita de sus atropellos. Estamos frente a un país convertido en una jungla, en la cual la arbitrariedad y los atropellos de las autoridades pasan desde imponer un agente de la policía política que “lo atiende”, es decir que lo controla y dictamina qué decir y qué no, que hacer y qué no, quienes pueden ser sus amigos y quienes están excluidos de su amistad, o la frecuente cita de la policía para amenazarlo e intimidarlo a usted y su familia sin causa alguna. Para poner un sólo ejemplo de control totalitario, cada vez que un ciudadano regresa de un evento internacional, es rigurosamente encuestado por estos órganos represivos para conocer con quién se reunió, quienes estaban presentes, de qué se trató el evento y quién le financió el pasaje y la estancia, entre otros cuestionamientos. Esta brutal intervención en la vida privada de las personas, resulta verdaderamente escandaloso y violador de derechos en cualquier sociedad en 2019, además de un gasto brutal de recursos humanos y materiales, de tiempo de vida, en función de la represión y oculta a la ciudadanía, en una economía fallida y en crisis como la cubana.
Simplemente la policía política dice que usted es un CR, nuevas siglas para etiquetarle de contrarrevolucionario y tiene las manos libres para violar sus derechos sin rendir cuentas ni indemnizarle por sus atropellos. ¿Seguirá la comunidad internacional de espaldas a la violación sistemática de todos los derechos humanos en Cuba, donde ninguno es reivindicable ni justiciable? Los cubanos decentes seguiremos denunciando las arbitrariedades viejas y nuevas de la dictadura cubana.
Marlene Azor Hernández es consultora del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede Madrid. Doctora en Ciencias Sociales y Humanidades por la UAM, México.
[1] MININT: Ministerio que dirige a la policía política cubana. PNR: Policía Nacional Revolucionaria.
