La reapertura de la embajada de EEUU en Cuba, el 14 de agosto del 2015, fue uno de los momentos más importantes del proceso de acercamiento entre los dos países. El hecho fue recibido con sentimientos encontrados: una parte de la población cubana vio en ello la consumación de una conjura cuya finalidad fue apuntalar la imagen del régimen que frente a la comunidad internacional ahora se relacionaba con aparente normalidad con su vecino del norte, lo cual era un deseo de muchos países y poderes fácticos; pero que yendo un poco más allá, dejaba en claro la preferencia de la cúpula gobernante cubana de garantizar el proceso de sucesión en el poder real de la mano de su antiguo enemigo y del Vaticano. Aunque con otros protagonistas y desde otra latitud, era una línea similar a la avanzada desde hace más una década por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que entre otras cosa proponía la anulación de Posición Común.
Otra parte de la población vio el proceso de acercamiento como un nuevo marco de distensión del cual podrían nacer oportunidades para la sociedad civil, en especial para las iniciativas económicas, sociales y culturales. Esta esperanza se fundamentaba en la idea de que al rebajar el diferendo bilateral, el Gobierno cubano tendría que mover ficha en materia de reformas en los diferentes ámbitos de la vida social, aunque no necesariamente en el político.
Dos años después, todavía el Gobierno mantiene el impuesto del 10% que castiga al dólar que entra a Cuba, por ejemplo, mediante las remesas familiares; una medida que en realidad castiga a los ciudadanos cubanos que ya tienen que soportar salarios equivalentes a 25 dólares mensuales.
Dos años después el Gobierno cubano aprueba una resolución anunciando que no otorgará más licencias para abrir nuevas cafeterías, restaurantes (paladares), hospedajes y una larga lista de licencias de trabajo por cuenta propia. Un retroceso que ha generado un clima de preocupación y malestar entre los ciudadanos que ven cómo se frustran sus ya de por sí escasas expectativas de mejora.
Desde agosto de 2015 el Gobierno cubano ha acumulado 17.458 detenciones arbitrarias. A este panorama represivo hay que sumar el incremento de las confiscaciones de bienes a los activistas y de las amenazas a familiares así como la obstaculización de las salidas temporales del país.
Por ello no es de extrañar que al cumplirse un año en 2016 del restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, en una encuesta realizada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el 82,2% de los encuestados en la isla afirmó que su situación no había cambiado nada y que las condiciones de vida eran las mismas; y el 54% que en Cuba eran violados todos los derechos humanos. Mientras que en el campo de las expectativas, el 50,4% afirmó que pese al acercamiento con Estados Unidos la situación no cambiaría, para el 18,1%, la situación mejorará a medio plazo, 18,1% afirma que cambiaría poco, y el 13,5% no sabía o no contestaba.
En resumen, podríamos decir que durante este proceso el Gobierno cubano siempre pretendió ganar tiempo, apoyos e inversiones pagando el menor costo político posible.
La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y su promesa de negociar un acuerdo que comprometa el avance hacia la democratización del país va en la dirección que hemos defendido desde nuestra institución. Aún así, siempre expresamos que el cambio quienes debemos buscarlo en primer lugar somos los propios cubanos.
