Domingo , 30 Abril 2017
El canciller cubano y el «neocolonialismo español»

El canciller cubano y el «neocolonialismo español»

El canciller cubano Bruno Rodríguez cumplió este lunes en Madrid con el objetivo de la invitación formal al rey Felipe VI para que visite la Isla, así como también invitar al presidente Mariano Rajoy. El Gobierno español prepara esos desplazamientos para “lo antes posible”, lo más probable a finales de 2017 y en cualquier caso antes de que Raúl Castro se retire en febrero de 2018, de acuerdo a la prensa española. Las relaciones entre ambos gobiernos se han fortalecido desde los años 90 y el Gobierno español se convierte en la puerta de entrada hacia Europa de un gobierno violador masivo de Derechos Humanos. El PP pasa de defensor de la “Posición Común” en 1996, a darle la espalda a los derechos humanos en Cuba por sus intereses económicos en la Isla.

Las tímidas aperturas económicas en los años 90 del siglo pasado contaron con la presencia en primer lugar del capital español. Empresas españolas como Globalia y Meliá se precian de su presencia en la Isla desde hace 20 y 25 años respectivamente.

Hoy en el registro de empresas españolas con residencia en la Isla se contabilizan 246 empresas españolas[1]. Un poderoso lobby económico que impulsa y protege Mariano Rajoy, el Rey y los más importantes partidos políticos españoles.

Bajo el manto de una relación cultural e histórica cierta, España pasa de ser un Estado colonialista a neocolonialista. Hoy es cómplice de la violación de los derechos laborales, civiles y políticos del régimen cubano. La izquierda, centro y derecha española cobijan a la dictadura totalitaria cubana.

Cómplices de la explotación laboral y de las violaciones a los derechos laborales

Saben los inversores españoles que los trabajadores cubanos no pueden ser contratados libremente por sus empresas, sino que tienen que aceptar los trabajadores seleccionados por las empresas empleadoras cubanas: Representaciones Comerciales (Acorec S.A.), y Almacenes Universales S.A. (AUSA). Esto implica una extorsión del salario en un 80 % o 96 % por parte del Estado según sean contratados en la Zona Espacial del Mariel o fuera de ella. Esto viola los Convenios de la OIT que Cuba ha ratificado y España también. Ambos gobiernos, estados partes, violan en Cuba los Convenios números 95, 87, 98 y 158 de la Organización Internacional del Trabajo, relativos a la libertad de empleo, libertad sindical, libertad de huelga, prohibición de toda confiscación sobre los salarios, libertad de los contratos laborales individuales y colectivos y la obligación de respetar el trabajo decente.

El trabajo decente según la OIT: “El trabajo decente sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida laboral. Significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres”.

El Estado cubano viola todos los aspectos concernientes al trabajo decente: no permite salarios justos, la protección de seguridad social y seguro de desempleo es paupérrima de acuerdo a los valores de la canasta básica individual y familiar, y la libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades están gravemente violadas al considerar a los trabajadores todos “objetos” de cambio y no sujetos económicos, violar sus derechos y excluir a todos los que no demuestren confiabilidad política por su adhesión al régimen político.

La administración de Mariano Rajoy y el Rey le otorgan luz verde al Gobierno cubano para que mantenga e incremente la represión

En un extraño vaivén con relación a los Derechos Humanos en Cuba, la actual administración soslaya el tema por intereses económicos españoles en la Isla.

El Gobierno de España fue el propulsor de la “Posición Común” en 1996 con el presidente José María Aznar, sin embargo, la administración de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) hizo un viraje hacia una política de conciliación con la dictadura cubana. El precio ha sido colocar en último lugar la defensa de los derechos humanos en Cuba.

En una intervención en la televisión española del excanciller español del PP, José Manuel García Margallo (2011-noviembre 2016), frente al cuestionamiento de su posición en relación a los derechos Humanos en Cuba, admitió los intereses económicos españoles: “España es el tercer socio comercial de la Isla con el control del 90 % de los hoteles cinco estrellas y el 60 % de la capacidad hotelera cubana en total”.

Agregó que el reciente acuerdo firmado con la Unión Europea contempla algunos capítulos sobre la defensa de todos los derechos humanos en Cuba, y reafirmó que frente a la apertura de relaciones con EEUU, España no podía quedar rezagada en el fortalecimiento de su relación con Cuba.

Inversión extranjera versus Derechos Humanos en Cuba

Ha quedado en el pasado el apoyo español de Miguel Ángel Moratinos (2004-2010) a la liberación de los 52 presos políticos de la “Primavera Negra”, desterrados hacia España. El expediente se cerró como si Cuba hubiera pasado a un régimen democrático. Hoy existen alrededor de 100 presos políticos según la Organización Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional que entregó una lista al entonces presidente de EEUU, Barack Obama, en su visita de marzo de 2016 a la Habana. La violación a los derechos civiles y políticos se ha ampliado contra toda la sociedad civil independiente y contra los trabajadores cubanos. La “idoneidad demostrada” del nuevo Código del Trabajo, (2013) permite a los empleadores estatales cubanos expulsar de sus puestos de trabajo a los trabajadores por criterios subjetivos y sin contrapartida sindical independiente. Los inversores extranjeros y en primer lugar los inversores españoles, frente a un déficit de respaldo jurídico cubano contra las expropiaciones, optan por fortalecer las relaciones intergubernamentales para no quedar afectados por las anteriores políticas confiscatorias de inversores extranjeros como las que practicó el Gobierno cubano contra los empresarios canadienses Cy Tokmakjian, Sarkis Yacoubien y el empresario chileno Max Marambio.

Lamentablemente Europa, y España en primer lugar, han “olvidado” los derechos humanos en la Isla con la intención expresa de privilegiar sus intereses económicos en la mayor de las Antillas.

[1] Directorio de empresas españolas en Cuba en http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/implantacion-e-inversion-exterior/informacion-para-invertir-en-el-exterior/empresas-espanolas-establecidas-en-el-exterior/DOC2014348138.html


 

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