Jueves , 22 Junio 2017

El asesinato de la Reputación; el OCDH consulta a experto a propósito del caso Carcassés

Juan Antonio Blanco Gil (Cuba), Doctor en Historia de las Relaciones Internacionales, profesor universitario de Filosofía, diplomático y ensayista, coautor del libro “El otro paredón. Asesinatos de la reputación en Cuba“, contesta a las siguientes inquietudes del OCDH: ¿En qué consiste el asesinato de la reputación y cómo se han manifestado en Cuba en las últimas décadas?, y ¿Podría darse en el caso de Roberto Carcassés en el futuro?

El asesinato estatal de reputación (state fostered character assassination) es un proceso deliberado y sostenido, dirigido a destruir la credibilidad y reputación de una persona, institución, grupo social o nación mediante una combinación de métodos abiertos y encubiertos como son la formulación de acusaciones falsas, fomento de rumores, la manipulación de informaciones y la fabricación de falsas evidencias. Nos referimos a una forma organizada de terrorismo estatal en sociedades autoritarias o totalitarias en que el gobierno está en condiciones de controlar los principales medios de comunicación, académicos y culturales para la manipulación de las percepciones públicas.

El uso de esta estrategia persigue la finalidad de anular la capacidad de influencia de la víctima, silenciar su voz, y lograr su rechazo por la sociedad. Al transformar a sus víctimas en no-personas las hacen vulnerables a abusos aún más graves como pueden ser la agresión física, el encarcelamiento, la expropiación de bienes, el destierro, asesinato, masacres e incluso genocidio de todo el grupo social al que pertenecen. Las campañas para destruir la reputación del adversario son a menudo el preludio de la movilización de la violencia para su aniquilación. La deshumanización oficial a menudo ha precedido la agresión física de las víctimas. Ellas pueden ser personas aisladas o un grupo social diferenciado por su composición étnica, su procedencia, sus preferencias ideológicas, religiosas o sexuales. El hilo genocida que une a lugares tan distantes como Alemania, Ruanda o Guatemala fue el asesinato de la reputación de las víctimas, que siempre precedió la barbarie que en esos países ocurrieron. No todo asesinato de reputación desemboca en genocidio, pero no ha habido un genocidio que no vaya precedido de una campaña de asesinato de reputación.

En el caso de un artista que, como Bobby Carcassés (hijo), ya ha alcanzado cierto renombre, la manifestación de una opinión que no sea del agrado del gobierno puede ser motivo suficiente para ser incluido en las listas de individuos que deben ser reducidos a la condición de “no – persona”.  Toda referencia escrita (artículos que citen su nombre), imagen gráfica (fotos, videos) o registro auditivo (canciones, cintas de audio con su voz en entrevistas) sobre Carcassés serán previsiblemente proscritas en todos los medios de comunicación al igual que ya lo han sido sus apariciones públicas.

El Estado ha decretado la muerte en vida de Carcassés por permitirse la imperdonable trasgresión de expresar públicamente su aspiración a ejercer unos pocos derechos universales. ¿Cuáles? Acceso a la información, elegir por voto directo a sus gobernantes, la exigencia que las trabas artificiales externas al desarrollo (el “bloqueo” de Estados Unidos) cesen junto con las impuestas internamente por el gobierno cubano (el “auto bloqueo”), igualdad de derechos para todos los cubanos incluyendo los disidentes y –finalmente- pedir la libertad no solo para los cuatro oficiales de inteligencia presos en Estados Unidos sino también para “María” en una alusión metafórica a aquellas personas que guardan injusta prisión y de quienes nadie habla.

La sanción contra Robertico Carcassés que a primera vista puede parecer minúscula y aislada cobra todo su significado cuando se aprecia desde la perspectiva de que constituye una expresión más de un sistema represivo que en los últimos meses ha desatado una brutal violencia física contra disidentes tanto en las calles como incluso dentro de sus propios hogares. El sistema internacional de protección de derechos humanos tiene el deber de actuar ahora para impedir que continúe esta escalada de intolerancia y violencia.

JUAN ANTONIO BLANCO


 

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